La senadora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Virginia Magaña Fonseca, presentó un exhorto en el Senado de la República para investigar posibles conflictos de interés y evitar que los recursos del programa social Tocando Corazones, del Gobierno de Guanajuato, sean utilizados con fines electorales durante los comicios de 2027.
La legisladora advirtió que investigaciones periodísticas identificaron al menos ocho organizaciones presuntamente vinculadas con funcionarios y exfuncionarios del PAN, interesadas en obtener recursos públicos para distribuir despensas, tinacos, calentadores solares y otros apoyos sociales en un año electoral.
“No estamos afirmando que ya se haya cometido un delito, pero sí hay suficientes elementos para exigir explicaciones. Lo que no podemos permitir es que la necesidad de la gente se convierta en una oportunidad para obtener ventajas políticas”, sostuvo.
Magaña Fonseca recordó que el artículo 134 constitucional establece la obligación de administrar los recursos públicos con imparcialidad, sin favorecer intereses partidistas, por lo que demandó transparentar los criterios de asignación y esclarecer cualquier posible relación entre las organizaciones beneficiarias y actores políticos.
El exhorto solicita a la Secretaría del Nuevo Comienzo revisar posibles conflictos de interés; a la Secretaría de la Honestidad, investigar las irregularidades denunciadas; y al Congreso de Guanajuato, promover una auditoría al programa. Asimismo, pide a la gobernadora garantizar que los apoyos sociales permanezcan ajenos a cualquier operación electoral.
La senadora cuestionó que, después de difundirse los señalamientos, el gobierno estatal anunciara modificaciones a Tocando Corazones para 2027, sin explicar qué medidas aplicará para garantizar la transparencia de la convocatoria vigente, cuyos resultados están previstos para el próximo 20 de noviembre.
“¿Qué va a pasar con los más de 536 millones de pesos que están por asignarse este año? Si el gobierno asegura que todo es transparente, que demuestre cómo está revisando los posibles conflictos de interés antes de entregar el dinero”, exigió.
También recordó que la administración estatal extinguió el Fideicomiso de Administración e Inversión para financiar obras, infraestructura y proyectos de desarrollo social y seguridad pública (FIDESSEG), bajo el argumento de combatir la opacidad y discrecionalidad en el manejo de recursos.
Sin embargo, consideró contradictorio que, después de aquella decisión, surjan nuevos cuestionamientos sobre la distribución de fondos públicos destinados a programas sociales.
“Estos recursos no son de un partido ni de una administración. Son recursos públicos que deben servir a la gente. De nada sirve cambiarle el nombre al programa si no cambian las prácticas”, sentenció.
Finalmente, Virginia Magaña insistió en que las autoridades estatales deben garantizar mecanismos efectivos de vigilancia, transparencia y rendición de cuentas, para impedir que los apoyos destinados a las familias guanajuatenses se conviertan en instrumentos de promoción política durante el proceso electoral de 2027.
