La consejera electoral Carla Humphrey Jordan exigió profundizar las investigaciones sobre presuntos actos de corrupción registrados durante la gestión de Guadalupe Taddei al frente del Instituto Nacional Electoral (INE), particularmente las decisiones tomadas mediante las facultades extraordinarias concentradas en la presidencia, y advirtió que deben deslindarse responsabilidades y sancionarse las irregularidades que lleguen a comprobarse.

Durante una sesión extraordinaria del Consejo General, encabezada por la presidenta provisional Blanca Yassahara Cruz García, Humphrey sostuvo que el organismo enfrenta el desafío de esclarecer los hechos denunciados, proteger la información institucional y recuperar la confianza ciudadana, en medio de cuestionamientos sobre contrataciones, proveedores y decisiones administrativas.

La consejera consideró indispensable investigar lo ocurrido durante el ejercicio de los llamados superpoderes otorgados a la anterior presidencia del Instituto, así como determinar las responsabilidades de quienes pudieran estar involucrados.

“Somos las y los primeros preocupados en que se aclaren y obviamente se deslinden responsabilidades y se impongan las sanciones que correspondan a las personas que estuvieron involucradas en estos presuntos hechos de corrupción”, expresó.

Humphrey precisó que corresponde a las autoridades competentes determinar jurídicamente si existieron actos ilícitos, por lo que insistió en mantener el carácter de presuntas irregularidades mientras no concluyan las investigaciones.

En este contexto, representantes de distintos partidos políticos advirtieron que la crisis de credibilidad del INE exige mayor transparencia, controles institucionales y una revisión profunda de los mecanismos utilizados para designar funcionarios electorales.

El representante del PRI, Emilio Suárez Licona, afirmó que el Instituto atraviesa circunstancias extraordinarias debido a los señalamientos públicos sobre corrupción, por lo que consideró insuficiente limitar las decisiones institucionales a las valoraciones individuales de las consejerías.

“Hoy la conciencia no es suficiente para el momento que está viviendo el Instituto Nacional Electoral”, sostuvo el priista, quien exigió explicaciones claras, verificables y documentadas sobre las decisiones del Consejo General.

Suárez Licona advirtió que la ciudadanía observa al organismo electoral con incertidumbre y desconfianza, por lo que llamó a sus integrantes a realizar esfuerzos adicionales para reconstruir su credibilidad.

Por su parte, Marco Antonio Baños Martínez, representante del partido Somos, expresó su preocupación ante la posibilidad de que personas relacionadas con empresas señaladas en los recientes cuestionamientos al INE pudieran acceder a cargos de dirección en los organismos electorales locales.

El representante de Movimiento Ciudadano, Juan Manuel Ramírez Velasco, también demandó fortalecer la revisión de antecedentes, posibles vínculos políticos y conflictos de interés de quienes aspiren a ocupar responsabilidades electorales.

Carla Humphrey propuso incorporar a los futuros procedimientos de selección declaraciones sobre conflictos de interés, así como nuevos mecanismos para obtener y verificar información sobre la trayectoria de los aspirantes.

En el mismo sentido, la consejera Rita Bell López Vences reconoció que los actuales mecanismos de selección requieren modificaciones para garantizar perfiles profesionales, independientes y confiables.

El consejero Uuc-kib Espadas Ancona admitió que las valoraciones de los aspirantes pueden modificarse cuando surgen nuevos elementos, mientras que Martín Faz Mora defendió la autonomía de cada consejería para emitir su voto conforme a sus propias evaluaciones.

La discusión también evidenció la necesidad de que las decisiones institucionales estén acompañadas de expedientes suficientemente documentados, especialmente cuando existen cuestionamientos públicos sobre la independencia o idoneidad de determinados perfiles.

Los pronunciamientos colocan nuevamente bajo escrutinio las facultades extraordinarias ejercidas durante la administración de Guadalupe Taddei y la necesidad de investigar las decisiones adoptadas bajo ese esquema.

Aunque los consejeros no presentaron conclusiones definitivas sobre posibles responsabilidades administrativas o penales, Humphrey dejó clara la exigencia de esclarecer los hechos, fortalecer los controles internos y garantizar que cualquier irregularidad acreditada tenga consecuencias.

La discusión reflejó que recuperar la confianza en el INE requiere no solamente revisar sus procedimientos, sino también investigar a fondo los presuntos actos de corrupción, transparentar las decisiones institucionales y sancionar a quienes resulten responsables.