El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ignacio Mier Velazco, exigió investigar y sancionar las presuntas irregularidades administrativas y financieras en el Instituto Nacional Electoral (INE), incluida la actuación de su expresidenta Guadalupe Taddei, pero advirtió que los escándalos de corrupción no deben utilizarse para desacreditar al organismo ni poner en duda la legitimidad de las elecciones de 2027.

En conferencia de prensa, el coordinador de Morena sostuvo que el problema de fondo se encuentra en la concentración de recursos, contrataciones y facultades administrativas que comenzó a consolidarse con la reforma electoral de 2014, impulsada durante el Pacto por México, y que terminó favoreciendo, según señaló, a determinados proveedores.

Explicó que el presupuesto conjunto del sistema electoral pasó de aproximadamente 18 mil millones de pesos en 2014 a cerca de 50 mil millones en 2024, mientras los procedimientos de contratación quedaron sujetos a una estructura centralizada que, afirmó, restringió la competencia y la participación de empresas locales.

“Se fue construyendo un andamiaje administrativo y burocrático con lineamientos prácticamente hechos a la medida de ciertos proveedores”, denunció.

Mier cuestionó particularmente las contrataciones relacionadas con credenciales de elector, boletas, urnas, tinta indeleble, documentación electoral y sistemas tecnológicos, que, de acuerdo con sus estimaciones, representan alrededor del 30 por ciento de los recursos del sistema electoral.

Señaló que existen procedimientos, patentes y requisitos técnicos que deben revisarse para determinar si han favorecido prácticas monopólicas, intermediarios o adjudicaciones indebidas.

Ante la difusión de nuevos videos relacionados con presuntas negociaciones de contratos durante la gestión de Taddei, el legislador sostuvo que corresponde a las autoridades fiscalizadoras y judiciales determinar responsabilidades, sin privilegios ni protección política.

“Si alguien se contaminó, se desvió, que pague. Así de sencillo”, sentenció.

El presidente de la Jucopo llamó al Consejo General del INE, a sus órganos de fiscalización y a la Auditoría Superior de la Federación a revisar los procedimientos administrativos, contratos, manuales y mecanismos de adjudicación, además de establecer las responsabilidades que correspondan.

Sin embargo, rechazó que las irregularidades denunciadas comprometan automáticamente la organización de las elecciones, pues distinguió entre las áreas administrativas cuestionadas y el servicio profesional electoral encargado de preparar y desarrollar las jornadas de votación.

“La elección en México está garantizada. Los problemas administrativos deben juzgarse conforme a la ley, sin impunidad ni privilegios, pero eso no debe manchar el proceso electoral”, afirmó.

Recordó que el sistema electoral mexicano es resultado de más de tres décadas de construcción democrática y destacó la participación de aproximadamente un millón 300 mil ciudadanos en las jornadas electorales.

Subrayó que en 2027 estarán en disputa 17 gubernaturas, la renovación de la Cámara de Diputados, más de mil gobiernos municipales y numerosos congresos estatales, por lo que será indispensable garantizar la instalación de más de 170 mil casillas.

Respecto a la designación de la nueva presidencia del INE, Mier explicó que deberá seguirse el procedimiento constitucional, privilegiando la evaluación de perfiles, trayectoria profesional e idoneidad. Precisó que, si la Cámara de Diputados no alcanza la mayoría calificada de dos terceras partes, deberá recurrirse nuevamente a la insaculación.

También reconoció la necesidad de revisar las facultades administrativas concentradas en la presidencia del organismo, particularmente las relacionadas con nombramientos y contrataciones, aunque insistió en que cualquier modificación debe realizarse sin afectar la preparación electoral.

En otro asunto, el senador abordó la minuta sobre protección de derechos de autor y propiedad intelectual en plataformas digitales, conocida por sus críticos como “ley antimemes”, y rechazó que su propósito sea establecer mecanismos de censura.

No obstante, ante los cuestionamientos sobre quién tendría facultades para retirar contenidos presuntamente infractores, si los proveedores de internet o las plataformas digitales, reconoció que el tema deberá aclararse durante la discusión legislativa.

Mier también se refirió a los señalamientos contra el empresario Amílcar Olán y aseguró que, si existen elementos sobre posibles irregularidades, las autoridades deben investigarlos.

“Nosotros no somos tapadera de nadie. Si hay un tema, que se investigue y que no haya privilegios”, manifestó.

Sobre las elecciones en Estados Unidos, evitó anticipar escenarios políticos y sostuvo que México debe respetar las decisiones del electorado estadounidense, manteniendo una relación bilateral basada en la cooperación, el respeto y la no intervención.

Finalmente, Ignacio Mier insistió en que el INE necesita una revisión profunda de su estructura administrativa y sus mecanismos de contratación, pero pidió evitar que los escándalos individuales se conviertan en argumentos para desacreditar todo el sistema electoral.

“Los errores se pagan y hay que pagar por los errores”, concluyó, al reiterar que las investigaciones deben avanzar sin impunidad, mientras las instituciones garantizan elecciones libres, transparentes y confiables en 2027.