Diputados federales del PRI acusaron a Morena y sus aliados de legislar de manera improvisada y selectiva al aprobar modificaciones a la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) que, denunciaron, benefician a determinadas empresas de la industria automotriz, pero excluyen a fabricantes y distribuidores de autopartes, transportistas, empresas de logística y otros sectores fundamentales para la economía nacional.
Los legisladores Jericó Abramo Masso, Emilio Suárez Licona y Verónica Martínez García, integrantes de la bancada coordinada por Rubén Moreira Valdez, votaron en contra del dictamen al considerar que las modificaciones son insuficientes y podrían afectar la recuperación financiera de empresas que todavía enfrentan las consecuencias económicas de la pandemia.
Desde la tribuna de San Lázaro, Jericó Abramo sostuvo que el PRI advirtió oportunamente las deficiencias de la reforma, pero la mayoría oficialista ignoró las observaciones hasta que el Senado devolvió el documento con modificaciones.
“No se puede legislar de manera selectiva ni poner en riesgo a sectores estratégicos por la improvisación parlamentaria”, señaló.
El diputado coahuilense cuestionó que, después de varios años de pérdidas económicas, numerosas empresas comiencen a recuperar ingresos gracias al crecimiento de las exportaciones, pero queden excluidas de los mecanismos fiscales contemplados en la reforma.
Por su parte, Emilio Suárez criticó que Morena desestimara las advertencias de representantes de las industrias automotriz y de combustibles, pese a que durante las reuniones de la Comisión de Hacienda se expusieron las posibles afectaciones a las cadenas productivas.
“No se puede seguir aprobando leyes sin diálogo ni análisis, poniendo en riesgo la inversión y los empleos de las familias mexicanas”, advirtió.
El legislador señaló que las modificaciones aceptadas por la mayoría no resuelven las necesidades de otras actividades económicas y cuestionó qué medidas se adoptarán para evitar que las nuevas disposiciones fiscales generen desventajas entre empresas que participan en una misma cadena de producción.
En tanto, Verónica Martínez informó que el PRI presentó dos reservas para corregir las exclusiones detectadas en el dictamen.
La primera buscaba incorporar a las empresas dedicadas al gas LP y gas natural, combustibles indispensables para millones de hogares, pequeños negocios, restaurantes y establecimientos comerciales.
La segunda proponía incluir a distribuidores y comercializadores de autopartes y vehículos nuevos, al considerar que la industria automotriz no se limita a las plantas ensambladoras, sino que comprende actividades de distribución, financiamiento, mantenimiento y comercialización.
Martínez destacó que esta cadena productiva genera más de 180 mil empleos, por lo que advirtió sobre las consecuencias de establecer tratamientos fiscales diferenciados entre empresas vinculadas a una misma actividad económica.
Los legisladores priistas insistieron en que las excepciones al mecanismo de control de deducciones y pérdidas fiscales deben analizarse de manera integral, sin favorecer únicamente a determinados segmentos de la industria.
“No se trata de otorgar privilegios; se trata de establecer reglas claras, evitar exclusiones y reconocer la importancia de todos los sectores que contribuyen al desarrollo económico de México”, concluyeron.
La bancada del PRI reiteró que su voto en contra responde a la falta de una revisión integral de la reforma y sostuvo que las decisiones fiscales deben proteger la inversión, la competitividad y el empleo, en lugar de generar diferencias entre sectores productivos.

