El presidente de Paraguay, Santiago Peña, anunció este jueves 5 de noviembre su renuncia al cargo, en medio de una profunda crisis política y financiera provocada por el colapso de Ueno Bank, institución vinculada con sus antiguos socios comerciales, y ante la posibilidad de enfrentar un juicio político impulsado por la oposición y respaldado por sectores de su propio partido.

La decisión se produjo después de que el mandatario perdiera el respaldo de importantes dirigentes del gobernante Partido Colorado, mientras crecían las protestas ciudadanas por la intervención de la institución bancaria, que contaba con aproximadamente tres millones de clientes.

Peña comunicó su salida mediante un mensaje grabado, en el que expresó su respeto a los mecanismos constitucionales y sostuvo que la estabilidad de Paraguay debe prevalecer sobre cualquier interés personal o político.

La crisis estalló cuando el Banco Central del Paraguay ordenó intervenir Ueno Bank, tras detectar graves problemas de solvencia e irregularidades financieras que comprometían la continuidad de sus operaciones.

La medida provocó restricciones en el acceso a los depósitos de miles de ahorradores, generó manifestaciones en Asunción y abrió cuestionamientos sobre el manejo de recursos públicos y fondos de previsión social depositados en la institución.

El escándalo alcanzó directamente al mandatario debido a sus antiguos vínculos empresariales con el grupo propietario del banco, del que se desvinculó en 2025.

Legisladores opositores denunciaron presuntos conflictos de intereses, posibles decisiones regulatorias favorables a la institución y cuestionamientos sobre el manejo de recursos públicos. Estas acusaciones deberán ser esclarecidas por las autoridades judiciales y financieras correspondientes.

El golpe político decisivo llegó cuando el expresidente Horacio Cartes, dirigente del Partido Colorado, retiró su respaldo a Peña y anunció que acompañaría el procedimiento de juicio político.

A esta posición se sumó el presidente del Congreso, Basilio Núñez, quien exigió públicamente la renuncia del mandatario y advirtió que, de permanecer en el cargo, respaldaría el proceso constitucional para destituirlo.

La pérdida del apoyo oficialista dejó a Peña frente a un escenario político adverso, mientras el Congreso se preparaba para discutir las acusaciones relacionadas con su desempeño y los presuntos conflictos de intereses derivados del caso bancario.

El mandatario había asumido la presidencia el 15 de agosto de 2023, para un periodo constitucional que debía concluir en 2028.

Con su renuncia, Paraguay inicia un proceso de transición presidencial en medio de las exigencias de esclarecer las irregularidades financieras, proteger los recursos de los ahorradores y determinar las responsabilidades de los funcionarios y empresarios involucrados.

Conforme al mecanismo constitucional de sucesión, corresponde al vicepresidente Pedro Alliana asumir la jefatura del Estado, una vez cumplidos los procedimientos institucionales correspondientes.

La salida de Santiago Peña representa un acontecimiento político de gran trascendencia para Paraguay, donde la crisis de una institución financiera terminó por desencadenar la ruptura del oficialismo y la renuncia del jefe del Ejecutivo.