Garantizar los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes que tienen a sus referentes de crianza privados de la libertad representa un desafío que requiere acciones coordinadas entre instituciones gubernamentales, organismos de protección y organizaciones de la sociedad civil, coincidieron especialistas durante la mesa de diálogo intersectorial “Infancias, derechos e impacto del encarcelamiento”, organizada por la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx).
El encuentro se realizó en el marco del Segundo Congreso Internacional Infancias con Referentes de Crianza en Prisión, convocado por la Secretaría de Ciencia de la máxima casa de estudios mexiquense, con el propósito de analizar las condiciones que enfrentan las infancias tanto dentro de los centros penitenciarios como fuera de ellos, cuando sus madres o padres se encuentran privados de la libertad.
En la actividad participaron Ana Margarita Romero Bolaños, directora de Políticas de Atención y Promoción de la Justicia de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA); Indra Ivón Castillo Robledo, magistrada de la Segunda Sala Colegiada Familiar de Toluca del Poder Judicial del Estado de México; Rebeca Aguayo Sánchez, integrante de la Red por los Derechos de la Infancia en México, y Elías Mendoza Carrasco, representante de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de la entidad.
Bajo la moderación de Diana Elisa González Calderón, coordinadora general de la Cátedra de Investigación “Infancias con Referentes de Crianza en Prisión”, las y los especialistas abordaron los mecanismos jurídicos y sociales necesarios para prevenir la vulneración de derechos fundamentales, así como las distintas formas de violencia estructural y discriminación que afectan a este sector de la población.
Durante el diálogo se destacó que cada situación debe atenderse de manera particular, evitando decisiones generalizadas que puedan afectar el bienestar de niñas, niños y adolescentes. En este sentido, subrayaron la importancia de escuchar sus opiniones y tomar en cuenta sus necesidades de acuerdo con su edad y grado de desarrollo.
Uno de los temas centrales fue el proceso de separación y externamiento de niñas y niños que viven con sus madres en centros penitenciarios. Al respecto, las y los participantes señalaron que estas decisiones deben realizarse bajo un enfoque de restitución de derechos, mediante esquemas de cuidado alternativo que garanticen condiciones adecuadas para su desarrollo.
Para ello, consideraron indispensable llevar a cabo valoraciones multidisciplinarias que permitan identificar posibles vulneraciones, analizar los riesgos y beneficios de cada alternativa y priorizar en todo momento el interés superior de la niñez.
Asimismo, se puso sobre la mesa la situación de quienes permanecen fuera de prisión, pero enfrentan las consecuencias familiares y sociales del encarcelamiento de alguno de sus progenitores. Estas infancias pueden desarrollarse en contextos de violencia, estigmatización e incluso exposición a entornos relacionados con el crimen organizado, por lo que requieren acompañamiento profesional, educativo y social.
En la Sala “Dr. Gustavo Baz Prada” del Edificio de Rectoría también se analizaron los obstáculos que enfrentan las organizaciones civiles para visibilizar y defender los derechos de estas niñas, niños y adolescentes, particularmente de quienes viven dentro de los centros penitenciarios o permanecen fuera de ellos sin contar necesariamente con redes de apoyo suficientes.
Las y los especialistas coincidieron en que la protección integral de este sector exige fortalecer la representación jurídica, ampliar los servicios de atención especializada y garantizar el acompañamiento institucional antes, durante y después de los procesos de separación familiar.
Finalmente, plantearon la necesidad de incrementar los recursos presupuestales destinados a la atención de estas infancias, consolidar mecanismos de coordinación entre dependencias públicas y organizaciones civiles, así como generar espacios permanentes de colaboración.
También destacaron que la difusión de los derechos de niñas, niños y adolescentes y la incorporación de las perspectivas de género y derechos humanos en las políticas públicas son fundamentales para construir entornos seguros y garantizar su desarrollo integral.
