El presidente del Senado de la República, Higinio Martínez Miranda, advirtió que los presuntos responsables de irregularidades en el Instituto Nacional Electoral (INE), incluida su expresidenta Guadalupe Taddei, colaboradores y proveedores, difícilmente podrán eludir la acción de la justicia, mientras el Congreso prepara una profunda reforma constitucional y legal para combatir la corrupción y la impunidad en México.

En conferencia de prensa conjunta con el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, Martínez Miranda sostuvo que existen elementos suficientes para que las autoridades investigadoras determinen responsabilidades administrativas y penales por las presuntas irregularidades cometidas en el organismo electoral.

“No veo forma de que, en el caso de la expresidenta del INE, colaboradores de ella o proveedores, puedan librar la actuación de la justicia”, afirmó el legislador, aunque precisó que corresponderá a las autoridades y a los jueces determinar su culpabilidad.

El presidente del Senado fue contundente: “No se van a salvar, no lo veo”, al señalar que las investigaciones del llamado Caso INE podrían convertirse en un precedente para demostrar que los actos de corrupción tienen consecuencias.

Por su parte, Ramírez Cuéllar informó que la Auditoría Superior de la Federación profundiza las investigaciones sobre el manejo de recursos públicos del instituto, mientras que su Órgano Interno de Control presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República.

Asimismo, aseguró que la Unidad de Inteligencia Financiera ha informado sobre el aseguramiento de cuentas vinculadas con la extitular del INE y otros funcionarios, como parte de las actuaciones institucionales para esclarecer los hechos.

En materia legislativa, ambos representantes de Morena anunciaron que trabajan en una reforma integral del Sistema Nacional Anticorrupción, que podría discutirse durante un periodo extraordinario de sesiones en enero de 2027.

Ramírez Cuéllar explicó que se busca construir una propuesta nacional que incorpore las aproximadamente 19 iniciativas anunciadas por el Ejecutivo federal, además de planteamientos del Congreso, instituciones académicas y organizaciones civiles.

La reforma contempla fortalecer las fiscalías anticorrupción, establecer auditorías en tiempo real con capacidad sancionadora, proteger a los ciudadanos denunciantes y revisar las disposiciones penales relacionadas con delitos de corrupción.

También incluiría mecanismos de extinción de dominio contra quienes participen en operaciones vinculadas con el huachicol fiscal, la adquisición de combustible robado y la utilización de facturas falsas.

Uno de los puntos centrales será la revisión del fuero constitucional. Ramírez Cuéllar calificó como una “vergüenza nacional” que políticos y gobernantes utilicen protecciones procesales para evadir la justicia.

Martínez Miranda coincidió en revisar esta figura, aunque puntualizó que debe preservarse la protección de la libertad de expresión de los legisladores, sin permitir que se convierta en un obstáculo para investigar posibles delitos.

En otro frente, ambos legisladores respaldaron la reducción inmediata de los salarios de los consejeros electorales del INE, para que ninguna percepción supere la remuneración de la presidenta Claudia Sheinbaum, al tiempo que exigieron respeto a los derechos laborales y mejores condiciones salariales para los trabajadores del instituto.

Ramírez Cuéllar propuso, además, que el INE forme parte obligatoria del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción y que se amplíe la participación ciudadana en los mecanismos de vigilancia y fiscalización.

Sobre la viabilidad política de la reforma, Higinio Martínez consideró que existen condiciones para alcanzar acuerdos, pues tanto Morena y sus aliados como los partidos de oposición han expresado públicamente la necesidad de esclarecer los actos de corrupción.

Finalmente, el presidente del Senado sostuvo que los legisladores tienen la obligación de escuchar a la sociedad civil y convertir sus propuestas en medidas efectivas.

“Los de Morena somos los que estamos obligados, primero que nadie, a llevar a cabo esta etapa de combate a la corrupción”, sentenció Martínez Miranda, al insistir en que México necesita una reforma que termine con la impunidad y garantice que quienes cometan actos ilícitos enfrenten las consecuencias legales.