El Instituto Nacional Electoral (INE) descartó reducir el número de casillas para las elecciones de 2027, pese al recorte presupuestal de aproximadamente seis mil millones de pesos aprobado en lo general por la Cámara de Diputados, y aseguró que garantizará tanto la organización de los comicios como la continuidad de los servicios a la ciudadanía.

Durante una conferencia de prensa encabezada por la presidenta provisional, Blanca Yassahara Cruz García, integrantes del Consejo General señalaron que esperarán la notificación oficial del presupuesto para determinar qué proyectos administrativos o actividades no prioritarias podrían suspenderse o posponerse.

“El proceso electoral tiene las garantías de que se va a llevar a cabo en junio de 2027 conforme lo dice la normativa”, afirmó la presidenta provisional, quien rechazó que se contemple disminuir la instalación de casillas, como ocurrió durante la elección judicial.

Los consejeros explicaron que la prioridad será proteger los recursos destinados a la organización electoral, así como mantener la operación de los Módulos de Atención Ciudadana (MAC), que este martes reanudaron sus actividades con normalidad en todo el país.

En materia laboral, Cruz García ratificó el compromiso de otorgar un incremento salarial mínimo del 6 por ciento durante 2027 al personal de los módulos, con la posibilidad de elevarlo a un rango de entre 8 y 12 por ciento mediante ajustes presupuestales.

Precisó que el beneficio también podría extenderse a trabajadores de juntas locales y distritales que desempeñen funciones en niveles salariales equivalentes.

La presidenta provisional explicó que, si los recursos disponibles resultan insuficientes, el Instituto analizará solicitar una ampliación presupuestal ante la Secretaría de Hacienda durante el primer trimestre de 2027.

Por su parte, la consejera Carla Humphrey aclaró que el presupuesto solicitado para el próximo año ya contempla los ajustes salariales establecidos por la legislación vigente, así como la eliminación de prestaciones como el seguro de gastos médicos mayores y determinados fondos de retiro.

En consecuencia, sostuvo que no existe un margen adicional de ahorro por esos conceptos que permita financiar los incrementos salariales solicitados por los trabajadores.

Respecto a las investigaciones relacionadas con la administración de la expresidenta Guadalupe Taddei, la presidencia provisional informó que las actas de entrega-recepción fueron presentadas después del vencimiento del plazo correspondiente y que el procedimiento continúa bajo la supervisión del Órgano Interno de Control (OIC).

Asimismo, confirmó que el Instituto mantiene disposición para colaborar con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Fiscalía General de la República (FGR) y cualquier otra autoridad que solicite información sobre las presuntas irregularidades denunciadas.

Sin embargo, aclaró que hasta el momento de la conferencia no se había recibido algún requerimiento para realizar inspecciones físicas o diligencias relacionadas con las oficinas de la anterior presidencia.

Sobre la posible salida de otros funcionarios vinculados con la administración anterior, los consejeros señalaron que continúan las evaluaciones internas y anticiparon que próximamente podrían darse a conocer nuevas determinaciones.

También informaron que las áreas correspondientes ya recibieron instrucciones para ejecutar las medidas contempladas en el plan emergente aprobado tras la renuncia de Taddei, entre ellas acciones relacionadas con el resguardo de información institucional.

Finalmente, integrantes del Consejo General reconocieron que las denuncias de presunta corrupción representan un desafío para la credibilidad del organismo, aunque subrayaron que su principal responsabilidad es garantizar que las elecciones federales de 2027 se desarrollen con legalidad, imparcialidad y plena certeza para la ciudadanía.