Con el objetivo de garantizar una atención pública más incluyente y acorde con las necesidades de la población adulta mayor, la diputada María Mercedes Colín Guadarrama, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), propuso que las autoridades estatales y municipales del Estado de México incorporen una perspectiva de persona adulta mayor en sus trámites, servicios, actuaciones y decisiones gubernamentales.

Durante una sesión deliberante, la legisladora expuso que la transformación demográfica de la entidad hace necesario actualizar las normas, los procedimientos administrativos y los mecanismos de atención pública, a fin de garantizar que las personas de 60 años y más puedan ejercer plenamente sus derechos, sin enfrentar obstáculos derivados de su edad o de las circunstancias asociadas con ella.

De acuerdo con cifras del Consejo Estatal de Población (COESPO), sustentadas en el Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el Estado de México habitan un millón 919 mil 454 personas de 60 años y más.

La diputada advirtió que esta cifra continuará en aumento, pues las proyecciones indican que para 2030 alrededor de 15 de cada 100 mexiquenses pertenecerán a este grupo de edad, mientras que para 2050 la población adulta mayor podría alcanzar los 4.8 millones de personas.

Ante este panorama, Colín Guadarrama planteó la necesidad de que las instituciones públicas adapten su funcionamiento a las nuevas condiciones demográficas y establezcan mecanismos que permitan brindar una atención adecuada, respetuosa y accesible.

Explicó que la perspectiva de persona adulta mayor consiste en aplicar un conjunto de reglas y principios para reconocer que el envejecimiento puede generar condiciones de vulnerabilidad o desigualdad en el ejercicio de los derechos fundamentales. Su finalidad, precisó, es proteger la dignidad, autonomía y capacidad jurídica de este sector de la población.

La propuesta no contempla otorgar automáticamente privilegios, preferencias o excepciones por el simple hecho de alcanzar determinada edad. Por el contrario, busca que las autoridades identifiquen si las condiciones particulares de una persona adulta mayor representan obstáculos o desventajas para ejercer alguno de sus derechos y, cuando sea necesario, implementen medidas para corregir esas desigualdades.

La legisladora señaló que esta perspectiva debe reflejarse en acciones concretas de la vida cotidiana, como facilitar la realización de trámites administrativos, garantizar el acceso a plataformas digitales y establecer mecanismos de atención adecuados en las oficinas gubernamentales.

Asimismo, recordó que durante décadas la vejez ha sido abordada principalmente desde un enfoque asistencialista, sin considerar que muchas de las dificultades que enfrenta este sector no derivan exclusivamente de los cambios físicos propios del envejecimiento, sino también de barreras estructurales, institucionales, urbanas y tecnológicas.

En ese sentido, destacó que el 41 por ciento de las personas adultas mayores percibe discriminación en oficinas y servicios gubernamentales, una situación que evidencia la necesidad de revisar las prácticas institucionales y fortalecer las condiciones de acceso a los servicios públicos.

En cuanto a las responsabilidades que contempla la iniciativa, el documento establece que el Ejecutivo estatal y las presidencias municipales deberán diseñar, establecer y evaluar políticas, programas y acciones dirigidas a las personas adultas mayores, incorporando este principio en sus respectivos ámbitos de competencia.

Además, estas medidas deberán quedar integradas en los correspondientes planes de desarrollo, con el propósito de que la atención a este grupo poblacional forme parte de la planeación y las decisiones de gobierno.