La senadora del PRI por Zacatecas, Claudia Anaya Mota, lanzó una severa denuncia contra la administración de Octavio Romero Oropeza al frente del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), por presuntas adjudicaciones directas superiores a 200 mil millones de pesos provenientes de las subcuentas de vivienda de los trabajadores, recursos cuyo destino, manejo y garantías de recuperación exigió esclarecer.

En entrevista con Joaquín López-Dóriga, la legisladora cuestionó que semejante cantidad de dinero se esté canalizando a empresas constructoras sin procesos de licitación competitivos y, en algunos casos, a compañías de reciente creación o relacionadas con el sector energético durante la gestión de Romero Oropeza en Petróleos Mexicanos (Pemex).

“Empresas que nacieron hace 15 días ya tienen hoy contratos para 8 mil millones de pesos”, denunció Anaya, al poner en duda la experiencia, capacidad financiera y solvencia técnica de las firmas beneficiadas.

La senadora identificó entre las principales adjudicatarias a Interservicios de Tabasco, con contratos por 8 mil 491 millones de pesos; Vivo Construcción, con 8 mil 347 millones; Coins Construcciones Industriales del Sur, con 8 mil 76 millones; Yucasa, con 6 mil 700 millones, y Sal Habitacional, con 6 mil 345 millones de pesos.

Las cinco empresas concentran, según las cifras expuestas por la legisladora, más de 37 mil 900 millones de pesos en asignaciones, una cantidad que, por sí sola, exige explicar los criterios utilizados para seleccionar a los contratistas y verificar si cuentan con capacidad para ejecutar las obras.

Anaya también cuestionó la distribución territorial de los recursos. Señaló que Tabasco concentra 21 mil 434 millones de pesos; Yucatán, 21 mil 180 millones; Tamaulipas, 20 mil 310 millones; Veracruz, más de 20 mil millones, y Quintana Roo, 11 mil 834 millones.

La legisladora advirtió que no se conocen con suficiente claridad los criterios técnicos y sociales que justifican esas asignaciones, particularmente cuando se trata de recursos vinculados al patrimonio de millones de derechohabientes.

Las irregularidades denunciadas, sostuvo, no se limitarían a los procedimientos de contratación. También señaló presuntas deficiencias en la construcción de viviendas y problemas administrativos en proyectos desarrollados en Veracruz, Puebla, Tabasco y Zacatecas.

En este último estado, aseguró que una empresa subcontratada por la filial constructora del Infonavit edificó y comenzó a comercializar viviendas antes de realizar los trámites municipales correspondientes relacionados con la donación del terreno.

Pero el cuestionamiento más delicado tiene que ver con el destino del dinero de los trabajadores.

Anaya advirtió que, si las viviendas construidas bajo este esquema no logran comercializarse, debe existir una explicación precisa sobre los mecanismos que garantizarán la recuperación de los recursos utilizados.

“Si esas casas no se colocan, dime tú cuál es el mecanismo de garantía que tenemos todos quienes somos propietarios de esas cuentas de vivienda de que nuestro dinero regrese”, cuestionó.

La senadora también criticó que el nuevo modelo de vivienda pueda restringir las opciones de elección de determinados derechohabientes, particularmente aquellos con menos de diez años de cotización, al privilegiar inmuebles construidos mediante el esquema impulsado por el instituto.

Ante la magnitud de los señalamientos, anunció que el PRI promoverá un punto de acuerdo en el Senado para exigir la comparecencia de Octavio Romero Oropeza y solicitar la intervención de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno.

La ASF tendría que revisar la legalidad y destino de las asignaciones; la CNBV, los mecanismos de protección y recuperación de los recursos de las subcuentas, dentro del ámbito de sus atribuciones, y la Secretaría de Anticorrupción, las posibles irregularidades administrativas.

Anaya reconoció que la mayoría legislativa podría impedir la comparecencia del director del Infonavit, pero insistió en que la presidenta Claudia Sheinbaum debe revisar personalmente la operación de la filial constructora y los procedimientos de adjudicación.

El señalamiento coloca a Octavio Romero nuevamente frente a cuestionamientos sobre el manejo de recursos públicos y su desempeño administrativo, ahora en una institución cuya responsabilidad fundamental es proteger el ahorro destinado a la vivienda de los trabajadores.

Aunque las acusaciones de Claudia Anaya requieren ser verificadas por las autoridades competentes y no constituyen, por sí mismas, prueba de corrupción, la magnitud de los montos denunciados hace indispensable transparentar los contratos, identificar a sus beneficiarios y explicar las garantías financieras del programa.

El fondo de la controversia es contundente: los recursos de las subcuentas de vivienda pertenecen a los trabajadores, no a los funcionarios que administran el instituto.

Por ello, la exigencia de la legisladora va más allá de una confrontación entre el PRI y el gobierno federal: que Octavio Romero Oropeza explique públicamente por qué se recurrió a adjudicaciones directas de semejante magnitud, cómo fueron seleccionadas las empresas constructoras y qué mecanismos existen para proteger el patrimonio de los derechohabientes.

Mientras esas interrogantes permanezcan sin respuesta, los señalamientos sobre el manejo de más de 200 mil millones de pesos seguirán colocando bajo escrutinio la administración del Infonavit y la transparencia de su programa de construcción de vivienda.