Con el objetivo de ampliar las oportunidades de acceso a una vivienda digna para las juventudes y evitar incrementos desproporcionados en los precios de los alquileres, el diputado Héctor Raúl García González, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), presentó una iniciativa para impulsar créditos preferentes, esquemas de arrendamiento asequible y contratos de renta con opción a compra en la entidad mexiquense.

La propuesta, presentada en sesión deliberante del Congreso del Estado de México a nombre del Grupo Parlamentario del PVEM, coordinado por el diputado José Alberto Couttolenc Buentello, contempla modificaciones a la Ley de Juventud, la Ley de Vivienda y el Código Civil estatal, con la finalidad de generar mejores condiciones para que las personas jóvenes puedan independizarse y acceder a un patrimonio propio.

Uno de los principales planteamientos consiste en establecer que los incrementos en las rentas de vivienda no puedan superar el porcentaje de inflación reportado por el Banco de México durante el año inmediato anterior. Esta disposición aplicaría tanto para los aumentos contemplados en los contratos de arrendamiento como para aquellos realizados durante la renovación de los mismos.

Al explicar los alcances de la iniciativa, García González señaló que se busca establecer un equilibrio entre la protección del valor económico de los inmuebles y el respeto a los derechos de las personas propietarias, sin dejar de garantizar estabilidad, certeza y previsibilidad a quienes rentan una vivienda.

El legislador sostuvo que los aumentos en los alquileres deben sujetarse a un límite razonable, de manera que no dependan de decisiones arbitrarias o desproporcionadas que afecten la economía de las familias y, particularmente, de las personas jóvenes.

En materia de acceso a vivienda, la iniciativa plantea que las autoridades estatales y municipales, en coordinación con las instancias competentes en desarrollo urbano y vivienda, impulsen programas que contemplen alternativas de arrendamiento accesible, financiamiento preferente y contratos con opción a compra.

Asimismo, propone que el Instituto Mexiquense de la Juventud participe en el diseño, implementación y difusión de políticas públicas orientadas a facilitar el acceso de este sector de la población a una vivienda adecuada, segura y asequible.

Entre las medidas de financiamiento se contempla que el Gobierno del Estado de México y los ayuntamientos promuevan esquemas de crédito para vivienda social, con condiciones preferentes para que las personas jóvenes puedan adquirir su primera casa, acceder a rentas accesibles o, cuando corresponda, formalizar contratos que les permitan comprar posteriormente el inmueble que habitan.

Estas acciones estarían sujetas a las disposiciones jurídicas aplicables y a la disponibilidad presupuestaria de las instituciones participantes.

La propuesta también establece que los programas de vivienda consideren las condiciones socioeconómicas de las juventudes, sus necesidades habitacionales y la ubicación de sus centros de estudio y trabajo, además de incorporar criterios de inclusión y no discriminación.

La dimensión del problema habitacional en la entidad se refleja en las cifras citadas en el documento legislativo, con base en información de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) correspondiente a 2025.

De acuerdo con el estudio Situación habitacional de las personas jóvenes en México, el Estado de México concentra 21 mil 320 hogares unipersonales de jóvenes que habitan viviendas rentadas, cifra equivalente al 9.6 por ciento del total nacional.

Además, la entidad registra 750 mil 476 personas jóvenes en situación de rezago habitacional, lo que la coloca entre los tres estados del país con mayor número de casos.

Ante este panorama, la bancada del PVEM busca que las políticas públicas en materia de vivienda respondan a las necesidades de un sector que enfrenta importantes dificultades para independizarse, acceder a financiamiento y construir un patrimonio.

Con esta iniciativa, el grupo parlamentario plantea atender dos problemáticas relacionadas: por un lado, las barreras económicas que dificultan a las juventudes adquirir una vivienda y, por otro, la incertidumbre que enfrentan quienes dependen del arrendamiento ante los incrementos en los precios de renta.