El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ignacio Mier Velazco, exigió deslindar responsabilidades y sancionar, conforme a la ley, los posibles actos de corrupción en el Instituto Nacional Electoral (INE), así como auditar los procedimientos administrativos que, durante los últimos 22 años, presuntamente han favorecido a un reducido grupo de proveedores de material electoral.

El coordinador parlamentario de Morena advirtió que las investigaciones relacionadas con Guadalupe Taddei, expresidenta del organismo electoral, deben esclarecer posibles delitos de corrupción, desvío de recursos públicos y asociación delictuosa, sin importar si están involucrados funcionarios o proveedores del instituto.

Mier Velazco planteó revisar a fondo los procedimientos, manuales de organización y lineamientos para compras, licitaciones y adjudicaciones establecidos durante la gestión de Lorenzo Córdova Vianello, en la que participaron el exconsejero Ciro Murayama Rendón y el exsecretario ejecutivo Edmundo Jacobo Molina.

Acusó que, bajo el argumento de garantizar la credibilidad y certeza de las elecciones, se diseñaron mecanismos administrativos que operaban como “trajes a la medida para un grupo de tres o cuatro empresas”, restringiendo la participación de otros proveedores.

“Siempre le iban poniendo, en cada una de las adjudicaciones y licitaciones, un candado para que quedara siempre el traje a la medida de los proveedores, algunos desde hace 22 años”, denunció.

El legislador sostuvo que el caso Taddei puso al descubierto prácticas que, aseguró, se arrastran desde hace más de dos décadas, por lo que demandó que las investigaciones no se limiten a la gestión de la expresidenta del INE.

“Afloró algo que ha existido en los últimos 22 años en el Instituto Nacional Electoral… Que se juzgue a ella y a todos los que intervinieron conforme a la ley y que se apliquen las sanciones que la propia ley señala”, puntualizó.

No obstante, Mier Velazco llamó a la ciudadanía y a los partidos políticos a proteger al organismo electoral y evitar que las investigaciones entorpezcan los trabajos de organización, capacitación y logística de los comicios del próximo 6 de junio de 2027.

Reconoció el desempeño de las áreas operativas del INE y subrayó la necesidad de distinguir las presuntas irregularidades administrativas de las responsabilidades institucionales para garantizar el derecho de millones de mexicanos a ejercer su voto.