A dos años del estallido de la narcoguerra en Sinaloa, la senadora del PRI, Paloma Sánchez Ramos, denunció que la violencia, las desapariciones, los homicidios y las pérdidas económicas continúan golpeando a la población, mientras Morena anticipa los tiempos electorales para desviar la atención de la crisis de seguridad y Rubén Rocha Moya, acusó, sigue ejerciendo el poder desde la comodidad de su casa.
En entrevista, la legisladora sinaloense reprochó que las autoridades federales y estatales continúen minimizando la gravedad de la situación, pese a que diariamente se registran asesinatos, desapariciones y robos de vehículos, mientras la violencia criminal se extiende hacia el sur de la entidad.
“Van, se toman la foto, pero los resultados llegan poco”, sentenció al cuestionar la efectividad de la estrategia de seguridad implementada desde hace dos años.
Si bien reconoció el esfuerzo extraordinario del Ejército y la Marina, Sánchez Ramos lamentó las condiciones indignas en las que operan sus integrantes y rechazó que las autoridades pretendan presentar como un éxito la disminución parcial de los homicidios, cuando la población continúa viviendo bajo el miedo.
La senadora priista exigió que se esclarezca la situación jurídica de Rubén Rocha Moya y se investiguen los señalamientos provenientes de Estados Unidos sobre sus presuntos vínculos con el crimen organizado, así como los que involucran, según la legisladora, al senador Enrique Inzunza, al alcalde de Culiacán y a otros funcionarios.
“Rocha sigue gobernando el estado de Sinaloa desde la comodidad de su casa sin pagar absolutamente nada”, denunció.
Asimismo, cuestionó la impunidad al interior de la Fiscalía General del Estado, donde, aseguró, nadie ha respondido por la presunta fabricación de pruebas, situación que ha profundizado la desconfianza ciudadana en las instituciones encargadas de impartir justicia.
Paloma Sánchez advirtió que Mazatlán se ha convertido en uno de los principales escenarios de la disputa entre organizaciones criminales, cuyos enfrentamientos también afectan a municipios como Escuinapa y El Rosario.
La crisis de seguridad, agregó, ha provocado un severo desplome de la actividad turística y comercial. De acuerdo con testimonios de empresarios del puerto, la ocupación hotelera se encuentra por debajo del 30 por ciento, lo que refleja el deterioro económico de uno de los destinos turísticos más importantes del país.
La legisladora también recriminó que Morena haya adelantado sus procesos internos rumbo a las elecciones de 2027, mientras permanece sin resolverse la emergencia de seguridad. Acusó directamente a Rocha Moya de intervenir en la selección de candidaturas oficialistas con la intención de prolongar su control político sobre Sinaloa.
“Rocha no solo quiere gobernar el estado seis años, se quiere quedar 12 años gobernando”, afirmó.
Cuestionó, además, los impresionantes dispositivos de seguridad que acompañan a aspirantes de Morena, al considerar que contradicen el discurso oficial de que en Sinaloa no ocurre nada.
Sánchez Ramos criticó que, en medio de los escándalos de presunta corrupción en el Instituto Nacional Electoral (INE), no se esté discutiendo cómo garantizar la integridad de los candidatos, la seguridad de los ciudadanos y la libertad del sufragio en las próximas elecciones, para evitar que se repitan las condiciones de violencia de 2021.
Finalmente, denunció la falta de seguimiento en el Senado de la República a la solicitud de desaparición de poderes en Sinaloa, presentada meses atrás por ciudadanos de la entidad, sin que hasta el momento exista una respuesta de fondo.
La senadora aseguró que, pese a los riesgos que entrañará la contienda electoral, la oposición deberá enfrentar el proceso con valentía, al considerar que representa una oportunidad para transformar la realidad de un estado castigado por la violencia, la impunidad y la crisis económica.

