Ciudad de México, 17 de noviembre de 2026.– Ante el crecimiento del uso de motocicletas en México y la preocupación por los accidentes de tránsito, organizaciones de la sociedad civil presentaron ante la Comisión de Movilidad de la Cámara de Diputados una serie de propuestas para fortalecer la seguridad vial, entre las que destacan la creación de un registro nacional de motocicletas, la obligatoriedad de contar con un seguro de responsabilidad civil, el uso de cascos certificados y mayores requisitos para obtener licencias de conducir.
Durante una reunión de trabajo encabezada por la presidenta de la Comisión de Movilidad, Patricia Mercado Castro, de Movimiento Ciudadano (MC), especialistas y representantes de organizaciones civiles coincidieron en la necesidad de actualizar la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial para establecer mecanismos que permitan reducir los riesgos asociados con la circulación de estos vehículos y proteger tanto a sus conductores como a peatones y demás usuarios de las vialidades.
La legisladora destacó la importancia de presentar las iniciativas de reforma antes del próximo 15 de diciembre, cuando concluye el periodo ordinario de sesiones, con el propósito de iniciar su dictaminación en enero de 2027 y construir los acuerdos legislativos necesarios para someterlas a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados.
Mercado Castro señaló que el objetivo es contar, hacia finales de abril de 2027, con un marco regulatorio que contribuya a ordenar el creciente uso de motocicletas en el país, sin desconocer su importancia como medio de transporte y herramienta de trabajo para miles de personas.
Para ello, consideró indispensable ampliar el diálogo con los distintos sectores involucrados, así como incorporar a las comisiones legislativas de Salud, Comunicaciones y Transportes, Derechos de la Niñez y Adolescencia, y Economía, Comercio y Competitividad.
También planteó establecer mecanismos de coordinación con las secretarías de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, a fin de construir una regulación integral que atienda las necesidades de movilidad y seguridad vial.
Entre las principales propuestas destacó la presentada por Georgina Alejandra Leal Vallejo, codirectora de Céntrico y asesora de la Coalición Movilidad Segura, quien planteó establecer un seguro obligatorio que garantice la reparación de los daños ocasionados por conductores de motocicletas.
Asimismo, propuso armonizar la legislación en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes para incorporar disposiciones específicas que permitan reducir los riesgos que enfrentan los menores de edad cuando son transportados en estos vehículos.
La especialista consideró que las reformas deben concentrarse en las principales causas de siniestralidad, identificar los factores que provocan lesiones y fallecimientos, y establecer medidas preventivas sustentadas en evidencia.
Subrayó que también debe reconocerse la función social de las motocicletas, particularmente en comunidades donde el transporte público es insuficiente y entre quienes las utilizan como herramienta de trabajo.
Por su parte, Armando Pliego Ishikawa, representante de Céntrico, propuso establecer restricciones a los esquemas de remuneración e incentivos utilizados por algunas plataformas digitales de reparto, al considerar que pueden fomentar conductas de riesgo.
Explicó que ciertos modelos de pago privilegian la rapidez y el número de entregas realizadas, lo que puede incentivar a los repartidores a circular a velocidades peligrosas.
En ese sentido, planteó que las sanciones por incumplimiento de las obligaciones de seguridad vial se dirijan a las empresas responsables de estos esquemas y no exclusivamente a los conductores.
También propuso establecer un sistema de doble certificación para las licencias de motociclistas: una destinada a quienes utilizan estos vehículos para sus desplazamientos personales y otra para quienes los emplean como herramienta de trabajo.
Entre sus planteamientos incluyó homologar los criterios nacionales para expedir licencias, realizar auditorías a la infraestructura vial, establecer requisitos de seguridad para la comercialización de motocicletas nuevas y diseñar un registro nacional que permita vincular las placas con los vehículos desde el momento de su adquisición.
Otro aspecto fundamental es garantizar que los conductores cuenten con cascos adecuados y certificados para reducir la gravedad de las lesiones en caso de accidente.
Jimena David Garza, gerente de Movilidad y Seguridad Vial del Instituto de Recursos Mundiales México (WRI México), planteó revisar la clasificación legal de los vehículos motorizados de dos o más ruedas, considerando sus características técnicas y niveles de potencia.
Explicó que una clasificación adecuada permitiría determinar qué vehículos deben cumplir determinadas disposiciones de seguridad, cuáles requieren casco y qué espacios de circulación les corresponden.
Propuso establecer categorías de muy baja, baja, mediana y alta potencia, así como impulsar una Norma Oficial Mexicana que defina los requisitos técnicos y elementos de seguridad aplicables a cada tipo de vehículo.
En materia de protección personal, Valentine Delleur, gerente de Políticas Públicas del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP), destacó la necesidad de que la legislación establezca expresamente la obligatoriedad del casco y que sus características se ajusten a los estándares internacionales de seguridad.
Asimismo, propuso fortalecer la interoperabilidad de los registros y bases de datos de movilidad entre las entidades federativas, con el objetivo de facilitar el intercambio de información y evitar que los infractores eludan sus responsabilidades al circular en diferentes estados.
Consideró necesario mejorar los mecanismos administrativos para la aplicación y cobro de multas, mediante acuerdos de colaboración entre las autoridades correspondientes.
En representación de la asociación civil Manu Vive A.C., su presidenta y fundadora, Luz del Carmen Zenteno Gómez, propuso que el seguro de responsabilidad civil sea obligatorio para todos los vehículos motorizados y esté vinculado directamente con la licencia de conducir.
Explicó que este mecanismo permitiría considerar los antecedentes de infracciones al momento de renovar las pólizas, de manera que las aseguradoras pudieran ajustar sus costos conforme al historial de conducción.
También solicitó destinar una parte del presupuesto de las autoridades de movilidad a campañas permanentes de información y educación vial, al advertir que existe desconocimiento sobre las disposiciones legales, incluso entre algunos servidores públicos encargados de aplicarlas.
Por su parte, Ramón Vara Pizzini, también integrante de Manu Vive A.C., planteó promover el uso de triciclos motorizados para el reparto de mercancías, al considerar que podrían ofrecer mayores condiciones de estabilidad y seguridad que las motocicletas convencionales.
Señaló que estos vehículos permitirían circular por los carriles de manera semejante a los automóviles, evitando desplazamientos entre unidades que pueden incrementar los riesgos de accidentes.
Además, sostuvo que esta alternativa podría favorecer la inclusión laboral de personas con discapacidad y ampliar sus oportunidades de empleo en actividades de distribución y reparto.
Propuso igualmente incorporar disposiciones para quienes realizan entregas en bicicleta, con el propósito de establecer reglas claras para todos los usuarios de las vialidades.
Finalmente, Areli Carreón, cofundadora de Bicitekas A.C. e integrante de la Coalición Movilidad Segura, llamó a construir una legislación mediante el diálogo y la participación de todos los sectores relacionados con el uso de motocicletas.
Reconoció que existe preocupación social por el incremento de los accidentes de tránsito y sus consecuencias, pero advirtió que las reformas no deben generar confrontaciones entre motociclistas, automovilistas, ciclistas y peatones.
«No hay que polarizar ni crear espacios de conflicto. Estamos tratando de encontrar el piso común para movernos con seguridad vial, equidad e igualdad», expresó.
Las propuestas serán analizadas por la Comisión de Movilidad de la Cámara de Diputados como parte de los trabajos para actualizar la legislación nacional y establecer mayores condiciones de seguridad en la circulación de motocicletas.
De concretarse los acuerdos legislativos, México podría avanzar hacia un esquema de regulación que contemple el registro de vehículos, seguros obligatorios, licencias diferenciadas, cascos certificados y responsabilidades específicas para las empresas de reparto, con el objetivo de prevenir accidentes, proteger vidas y garantizar una movilidad más segura para toda la población.

