Ciudad de México, 17 de noviembre de 2026.– La salida de Guadalupe Taddei Zavala de la Presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) ha estado acompañada de una profunda reestructuración administrativa que suma aproximadamente 60 renuncias y bajas de funcionarios de distintos niveles, incluidos responsables de áreas estratégicas para la organización de las elecciones de 2027.

La presidenta provisional del organismo, Blanca Yassahara Cruz García, precisó que 18 de las 60 separaciones corresponden a terminaciones de contrato, mientras que las restantes incluyen renuncias voluntarias y solicitudes de renuncia, por lo que no todas pueden atribuirse directamente a las investigaciones por presuntas irregularidades administrativas durante la gestión anterior.

La revisión de los movimientos registrados en las últimas semanas permite identificar la salida de funcionarios que ocuparon puestos de confianza durante la administración de Taddei, así como de otros cuya separación responde a evaluaciones de desempeño, reorganización institucional o decisiones personales.

Entre las áreas donde se han documentado cambios destaca la Oficina de la Presidencia del INE, donde renunció Carlos Daniel Luna Rosas, quien se desempeñaba como jefe de oficina de Guadalupe Taddei. Su salida fue confirmada el 28 de octubre por Blanca Cruz, junto con otras renuncias de personal de confianza adscrito a esa dependencia.

Luna Rosas había sido cuestionado por representantes del PRI debido a sus antecedentes de colaboración con Morena, lo que generó señalamientos políticos sobre la independencia de algunos funcionarios cercanos a la anterior presidencia del organismo.

Otra de las dependencias afectadas es la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, anteriormente encabezada por Jorge Egren Moreno Troncoso, cuya salida fue confirmada el 13 de noviembre.

El funcionario había sido designado encargado de despacho por Guadalupe Taddei en julio de 2025. Reportes periodísticos lo relacionaron con reuniones sociales del empresario Alfredo Hernández Casillas, mencionado en investigaciones sobre contrataciones del instituto.

Sin embargo, la existencia de esos vínculos no constituye, por sí misma, evidencia de participación en conductas ilícitas, por lo que cualquier eventual responsabilidad deberá ser determinada por las autoridades competentes.

La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, una de las áreas más importantes para la organización de los comicios, también registró cambios con la salida de Alejandro Sosa Durán, quien había llegado al cargo en junio de 2023 mediante designación del Consejo General.

Su separación ocurrió en medio de cuestionamientos sobre procedimientos relacionados con la credencial para votar y problemas operativos en módulos de atención ciudadana, aunque no se ha acreditado públicamente que formara parte del círculo personal de confianza de Guadalupe Taddei.

También se registró la salida de Guadalupe Yessica Alarcón Góngora, quien se desempeñaba en la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral y había recibido nombramientos durante la gestión de la expresidenta del INE.

Alarcón Góngora fue designada encargada de despacho de esa unidad en mayo de 2026. Al presentar su renuncia, argumentó motivos personales y señaló que anteriormente había manifestado su intención de abandonar la institución.

Los movimientos administrativos también alcanzaron la Unidad Técnica de Servicios de Informática, la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, así como la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, dependencia particularmente relevante por su participación en procedimientos de adquisición, contratación y administración de bienes y servicios.

Entre las separaciones anunciadas destaca la de María Fernanda Romo Gaxiola, titular de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales, cuya renuncia está prevista para hacerse efectiva el próximo 30 de noviembre.

En este caso existe una relación profesional documentada con Guadalupe Taddei, pues ambas coincidieron en el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora, donde Romo Gaxiola desempeñó responsabilidades en materia contenciosa y de control interno.

Posteriormente, la funcionaria se incorporó a la estructura nacional del INE, donde asumió responsabilidades relacionadas con la coordinación institucional entre el organismo federal y las autoridades electorales locales.

También se reportaron acuerdos para concretar las salidas de Anahí Silva Tosca, de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, y Mario Alberto Alejo García, de la Unidad Técnica de Fiscalización.

En ambos casos, los antecedentes profesionales difundidos públicamente apuntan principalmente a vínculos con el consejero electoral Jorge Montaño, más que a una relación directa con Guadalupe Taddei.

La magnitud de estos movimientos adquiere especial relevancia porque varias de las dependencias involucradas participan directamente en la preparación de las elecciones federales y locales de 2027, particularmente en la actualización del padrón electoral, la expedición de credenciales, la profesionalización del personal, los procedimientos sancionadores y la fiscalización de los recursos utilizados por partidos políticos y candidatos.

Ante las vacantes, el INE informó sobre cinco nombramientos temporales para garantizar la continuidad de sus actividades institucionales.

Karla Sofía Sandoval Domínguez asumió responsabilidades en el Servicio Profesional Electoral Nacional; Juan Gabriel García Ruiz, en el Registro Federal de Electores; Ariadna Morales Puente, en Servicios de Informática; Itzel Aguilar Ambrocio, en Igualdad de Género y No Discriminación, y Yesenia Flores Arenas, en la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral.

Paralelamente, la Fiscalía General de la República (FGR) desarrolla investigaciones relacionadas con denuncias sobre presuntas irregularidades en contrataciones realizadas durante la administración anterior.

La presidenta provisional del INE confirmó que personal ministerial acudió a oficinas del organismo para efectuar diligencias como parte de las investigaciones correspondientes.

Las denuncias y los movimientos administrativos han generado cuestionamientos sobre los mecanismos de supervisión, contratación y control interno que operaron durante la gestión de Guadalupe Taddei, particularmente por la presencia de funcionarios que ocuparon cargos estratégicos bajo su presidencia.

No obstante, aunque existen relaciones profesionales documentadas entre algunos funcionarios salientes y la expresidenta, la información disponible no permite establecer que las 60 separaciones estén relacionadas con actos de corrupción ni que todos los involucrados formen parte de una misma estructura de responsabilidades.

La renovación de mandos administrativos representa un desafío para el Instituto Nacional Electoral, que deberá garantizar la continuidad de sus actividades técnicas y operativas mientras avanzan las investigaciones y se define la integración definitiva de su estructura directiva.

El organismo enfrenta así una doble responsabilidad: esclarecer las presuntas irregularidades de la administración anterior, sin distinción de cargos o jerarquías, y preservar la capacidad institucional, la imparcialidad y la confianza ciudadana de cara a las elecciones de 2027.