Con el objetivo de garantizar que las personas adultas mayores reciban un trato digno, tengan acceso a servicios públicos adecuados y puedan ejercer plenamente sus derechos sin discriminación, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentó una iniciativa para incorporar la perspectiva de adulto mayor en la Constitución Política del Estado de México y realizar modificaciones a la Ley de las Personas Adultas Mayores.

La propuesta, impulsada por la diputada Mercedes Colín, busca que el Gobierno estatal y los 125 municipios integren las necesidades de este sector de la población en el diseño de leyes, programas, trámites y servicios públicos, a fin de evitar que la edad represente una barrera para acceder a sus derechos.

Durante la presentación de la iniciativa, la legisladora priista señaló que es necesario avanzar hacia una verdadera igualdad sustantiva, mediante la implementación de mecanismos institucionales que permitan identificar y corregir las condiciones que colocan a las personas mayores en situaciones de desventaja.

“Se trata, ni más ni menos, de hacer efectiva la igualdad sustantiva, se trata de obligar a todo el aparato de gobierno a identificar si, en un caso concreto, la edad de una persona genera obstáculos o impactos diferenciados para ejercer sus derechos, y de ser así, implementar los mecanismos necesarios para corregir esa desigualdad”, expresó.

Mercedes Colín explicó que el crecimiento de la población mayor de 60 años representa un desafío para las instituciones, que deben adecuar sus marcos normativos y fortalecer los mecanismos de atención para responder a las necesidades de este grupo poblacional.

En ese sentido, aclaró que incorporar la perspectiva de adulto mayor no significa otorgar privilegios, sino garantizar condiciones de equidad y evitar que el envejecimiento se convierta en una causa de exclusión o discriminación en la vida cotidiana.

La diputada también advirtió que las instituciones deben dejar atrás prácticas y procedimientos que, aunque aparentemente son iguales para todos, pueden representar dificultades adicionales para las personas adultas mayores, particularmente cuando se trata de realizar trámites mediante plataformas digitales o acceder a servicios que requieren habilidades tecnológicas.

“La perspectiva de adulto mayor es la herramienta que evitará que las circunstancias del envejecimiento sigan siendo ignoradas por leyes, trámites y ventanillas construidas bajo una falsa neutralidad”, puntualizó.

Asimismo, destacó la importancia de que esta transformación se refleje en situaciones cotidianas, como la atención en las oficinas gubernamentales y los palacios municipales, donde las personas mayores deben encontrar facilidades para realizar sus gestiones, sin enfrentar indiferencia, obstáculos administrativos o sistemas digitales difíciles de utilizar.

La necesidad de fortalecer estas medidas también se refleja en los resultados de la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2022, de acuerdo con la cual el 38.2 por ciento de las personas adultas mayores considera que sus derechos son poco o nada respetados, mientras que el 41.8 por ciento percibe discriminación en oficinas y servicios gubernamentales.

Ante este panorama, la iniciativa del PRI pretende establecer un marco de protección más amplio para que las autoridades estatales y municipales asuman la responsabilidad de diseñar políticas públicas incluyentes, con atención a las condiciones particulares de quienes superan los 60 años.