El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó los criterios que deberán cumplir los partidos políticos y coaliciones para registrar candidaturas a diputaciones federales durante el Proceso Electoral Federal 2026-2027, estableciendo la obligación de garantizar 54 fórmulas destinadas a personas pertenecientes a grupos históricamente discriminados, además de respetar el principio constitucional de paridad de género.
De acuerdo con las disposiciones aprobadas, los partidos deberán postular al menos 34 fórmulas integradas por personas indígenas, cuatro por personas afromexicanas, ocho por personas con discapacidad, tres por integrantes de la diversidad sexual y cinco por mexicanos migrantes residentes en el extranjero.
Estas acciones afirmativas buscan asegurar espacios de representación política para sectores que históricamente han enfrentado obstáculos para acceder a cargos de elección popular y participar en las decisiones legislativas del país.
Durante la sesión, la consejera electoral Carla Humphrey Jordan destacó que el acuerdo representa un instrumento para fortalecer los principios constitucionales de igualdad, no discriminación y paridad de género, mediante mecanismos que permitan avanzar hacia una democracia más incluyente.
Sin embargo, advirtió que mantener el mismo número de postulaciones establecido en el proceso electoral anterior resulta insuficiente frente al principio de progresividad de los derechos humanos, por lo que consideró necesario ampliar gradualmente estos espacios de participación.
En materia de paridad, el INE determinó que las fórmulas de candidaturas deberán integrarse por personas del mismo género, aunque permitirá fórmulas mixtas cuando el propietario sea hombre y la suplente mujer. Asimismo, cuando exista un número impar de postulaciones, la candidatura restante deberá corresponder a mujeres.
Otra disposición establece que las listas de diputaciones federales por representación proporcional encabezadas por hombres durante las elecciones de 2024 deberán ser encabezadas por mujeres en el proceso electoral de 2027, con el propósito de fortalecer la alternancia de género.
El calendario aprobado establece que las solicitudes de registro de candidaturas deberán presentarse entre el 22 y el 29 de marzo de 2027, mientras que las sesiones especiales para su aprobación se realizarán el 3 de abril.
Además, el 26 de marzo será la fecha límite para solicitar el registro supletorio de candidaturas de mayoría relativa ante el Consejo General. En cuanto a las sustituciones, las renuncias deberán presentarse a más tardar el 6 de mayo, pues a partir del día siguiente procederá la cancelación del registro correspondiente en los términos establecidos.
Durante la misma sesión, el organismo electoral presentó información relacionada con el cumplimiento de una sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, referente a la evaluación de las acciones afirmativas, la accesibilidad de la información para personas con discapacidad y las consultas realizadas a los grupos beneficiarios.
El informe incorpora estudios especializados elaborados por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y El Colegio de México, cuyos resultados reconocen que estas medidas han permitido incrementar la presencia de personas indígenas, afromexicanas, con discapacidad, de la diversidad sexual y migrantes en el Congreso de la Unión.
No obstante, las investigaciones también identificaron una deficiencia importante: el aumento de representantes pertenecientes a estos sectores no necesariamente se ha traducido en iniciativas, reformas legislativas, asignaciones presupuestales o decisiones concretas que atiendan sus necesidades y derechos.
Esta situación pone de manifiesto la diferencia entre garantizar espacios de representación mediante cuotas electorales y conseguir que dicha participación produzca resultados legislativos efectivos para las comunidades beneficiadas.
De esta manera, el INE mantiene las acciones afirmativas para las elecciones federales de 2027, mientras permanece abierto el desafío de transformar la representación numérica de los grupos históricamente discriminados en una participación sustantiva dentro de las decisiones del Poder Legislativo.

