El Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados denunció el deterioro de los programas nacionales de vacunación ante el brote de sarampión en México y advirtió sobre la crisis institucional que enfrenta el Instituto Nacional Electoral (INE), al considerar que ambos problemas requieren acciones urgentes del Gobierno Federal.

Durante una conferencia de prensa, la diputada Ofelia Socorro Jasso Nieto responsabilizó a los gobiernos de Morena de la disminución de recursos destinados a la vacunación infantil, mientras que el coordinador parlamentario, Rubén Moreira Valdez, sostuvo que el INE atraviesa una situación crítica que pone en riesgo la confianza ciudadana rumbo a las elecciones federales de 2027.

Socorro Jasso calificó como un grave retroceso sanitario la pérdida del reconocimiento de México como país libre de sarampión endémico, al señalar que, de acuerdo con las cifras expuestas, se han registrado alrededor de 20 mil contagios y más de 50 fallecimientos, principalmente entre población vulnerable.

La legisladora aseguró que más del 30 por ciento de los casos corresponden a menores de entre cero y ocho años, situación que atribuyó a deficiencias en las campañas de inmunización y a la reducción presupuestal registrada durante los últimos años.

Explicó que en 2025 los recursos destinados a vacunas disminuyeron 67.4 por ciento respecto del año anterior, mientras que para 2026 se asignaron mil 876 millones de pesos al programa de vacunación contemplado en el Anexo 18 del Presupuesto de Egresos.

Advirtió que para 2027, aunque se contempla un incremento de recursos, desapareció la identificación específica de partidas destinadas a vacunación infantil, lo que podría dificultar la vigilancia sobre su aplicación.

Ante esta situación, anunció que promoverá un exhorto a la Secretaría de Hacienda para recuperar, como mínimo, los niveles presupuestales de 2024, garantizar recursos etiquetados para vacunas y fortalecer las campañas nacionales de inmunización.

Asimismo, solicitó la comparecencia presencial del secretario de Salud ante el pleno de la Cámara de Diputados, a fin de que explique las medidas adoptadas para contener el sarampión. También señaló que el PRI analizará posibles acciones legales por presuntas omisiones, siempre que existan elementos suficientes para sustentarlas.

Respecto del programa emergente anunciado para Chiapas, la diputada pidió que las autoridades garanticen su aplicación efectiva. Rubén Moreira respaldó el señalamiento y afirmó que la carencia de acceso a servicios de salud en esa entidad pasó de 17 por ciento en 2018 a 63 por ciento en 2024, según las cifras que presentó durante la conferencia.

En materia electoral, Moreira Valdez aseguró que el PRI no respaldará la convocatoria impulsada por Morena para designar a la nueva presidenta del INE, aunque reconoció que corresponde a la mayoría legislativa cumplir con el procedimiento constitucional.

Explicó que su bancada busca evitar que un voto favorable al procedimiento sea interpretado como respaldo a la persona designada, como, aseguró, ocurrió durante el nombramiento de Guadalupe Taddei.

El coordinador priista sostuvo que la crisis del organismo electoral no se resolverá únicamente con un cambio de presidencia, pues considera indispensable revisar su estructura administrativa, los mecanismos de fiscalización y las facultades concentradas en su titular.

Particularmente, exigió modificar el artículo 45 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), al considerar que permite concentrar decisiones relevantes en la presidencia del instituto, debilitando los contrapesos internos y la actuación colegiada.

También demandó investigar presuntas irregularidades administrativas, revisar contrataciones y garantizar transparencia en la producción de materiales electorales, incluidos los procedimientos relacionados con Talleres Gráficos de México.

Sobre la impugnación promovida por el PAN contra el proceso de designación, aclaró que el PRI mantiene una postura independiente, aunque no descartó recurrir a mecanismos legales para cuestionar un eventual nombramiento que considere irregular.

Moreira planteó además que cualquier comisión destinada a investigar presuntas irregularidades electorales de 2006 debería ampliar su revisión a los procesos de 2018 y 2024, así como a elecciones locales.

El legislador advirtió que la pérdida de confianza en el árbitro electoral representa un problema de fondo y consideró indispensable recuperar los mecanismos de vigilancia, autonomía y transparencia antes de los próximos comicios.

“Vamos a la elección con un INE en etapa terminal”, afirmó Rubén Moreira, quien insistió en que la sustitución de su presidencia resulta insuficiente si no se emprende una revisión integral de su funcionamiento.

De esta manera, la bancada priista exigió mayores recursos y transparencia para atender la emergencia sanitaria provocada por el sarampión, al tiempo que reclamó una transformación institucional del INE que permita recuperar la confianza ciudadana y garantizar condiciones de certeza en las elecciones federales de 2027.