Por Norberto DE AQUINO
La realidad nacional se ha convertido, en las últimas horas, en una pesada losa que, a querer o no, nos ha colocado ante una verdad dramática. Los organismos de defensa contra los fenómenos naturales son totalmente ineficaces, la economía nacional se encuentra prácticamente paralizada y el crecimiento, si lo hay, será este año patético, en tanto la seguridad social, tan cacareada por los gobiernos, simplemente es parte de la demagogia oficial.
Los datos presentados como resultado de los recientes huracanes, no pueden ser más claros. Dos terceras partes del país están dañadas. Buena parte de esos daños son consecuencia de la irresponsabilidad y corrupción de autoridades y particulares. Y la cantidad de dinero necesaria para la reconstrucción es, sencillamente, escalofriante.
Pero el problema más serio de ese recuento aún está por registrarse. ¿Habrá o no, sanciones y aplicación de la ley a los culpables? La parte fundamental de esta realidad tiene que ver con la ley. Si todo queda en los discursos y se deja al tiempo todo lo demás, tendremos en las manos un problema que, más tarde o más temprano, volverá a castigar a la República, sin que nadie pueda hacer nada para evitarlo.
El otro problema, muy importante, es el anuncio del FMI que marca un horizonte muy pobre para el país, colocándonos en la posibilidad de ser, junto a Venezuela, la economía con menor crecimiento en todo Latinoamérica.
Los datos que presenta el FMI no son nada alentadores. Si a mediados de año esa institución anunciaba un crecimiento de nuestra economía por arriba del 2%, ahora ha llevado su predicción a un muy raquítico 1.2%, con el agravante de que, para el año próximo, con todo y el supuesto de que se aprueban las famosas reformas estructurales, considera un crecimiento de algo arriba del 3%, muy por abajo del anunciado 5%, cuando menos, de la Secretaría de Hacienda.
El punto relevante en este caso es que, se acepte o no, la Secretaría de Hacienda no acertó en su estrategia. Y si para este año el objetivo del déficit cero terminó en una política de endeudamiento de
emergencia para dinamizar algo la economía, para el año próximo lo que se promete es una política de mayor endeudamiento, con la esperanza, además, de que las reformas tengan el impacto que tanto se ha anunciado.
Pero el tema que tendría que llamar más la atención, ya que es el reflejo de la realidad nacional, es el llamado “parto de Oaxaca”.
Como todo mundo sabe, una indígena oaxaqueña, Irma López Aurelio, no fue admitida en una clínica y se vio obligada a dar a luz en un parque público, sin asistencia alguna.
Más allá del hecho en sí mismo que es dramático, lo que llama la atención es que este sólo evento, lanza por los suelos todos los discursos gubernamentales sobre la capacidad oficial para brindar seguridad social universal a los mexicanos.
No había doctores, las enfermeras resultaron incapaces de atender a la parturienta y la naturaleza tuvo que hacer la tarea sin que nadie acudiera en apoyo de la madre y de su bebé.
Ahora, discursos van y vienen. Las autoridades de todos los niveles evaden la responsabilidad y hay quien amenaza a la señor para que ya no se queje.
Pero ¿qué pasa con la asistencia social en el país? ¿En dónde están los miles de millones de pesos que se gastan en ese renglón? ¿Quiénes son realmente los responsables de que las clínicas no puedan ni siquiera responder a las necesidades de un parto?
La realidad nos dice que los mexicanos tenemos asistencia social sólo en los discursos oficiales. Y que las cosas lejos de mejorar, podrían en realidad, llegar a ser peores. Con todo lo que ello significa en el terreno de las tensiones sociales.
Organismos de defensa ante las catástrofes que sólo consumen dinero, una economía que se estanca y podría no responder a las necesidades nacionales y una realidad social lastimosa, son el trípode de una realidad que, discursos aparte, podría avasallarnos en cualquier momento.

