La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) se encuentra ante uno de los procesos de transformación institucional más relevantes de las últimas décadas. El Anteproyecto de Reforma a la Ley Universitaria, actualmente sometido a consulta pública, plantea una profunda actualización del marco jurídico que regula la vida de la institución, con el objetivo de fortalecer su autonomía, ampliar la participación democrática de su comunidad y consolidar nuevos derechos universitarios acordes con los desafíos de la educación superior contemporánea.

La iniciativa, integrada por siete títulos y 186 artículos, fue presentada como una propuesta que busca armonizar la legislación universitaria con los marcos normativos nacionales e internacionales, al tiempo que responde a las necesidades actuales de estudiantes, docentes y personal administrativo. Así lo destacó la titular de la Consejería Jurídica Universitaria, Evangelina Sales Sánchez, quien calificó el proceso como una oportunidad histórica para construir una universidad más sólida y preparada para enfrentar los retos del futuro.

De acuerdo con la funcionaria universitaria, uno de los principales objetivos de la reforma es dotar a la institución de herramientas jurídicas modernas que permitan fortalecer sus funciones sustantivas de docencia, investigación, difusión de la cultura y extensión universitaria. La propuesta pretende garantizar que la Máxima Casa de Estudios mexiquense mantenga su capacidad de adaptación frente a los cambios sociales, tecnológicos y educativos que caracterizan al contexto actual.

Uno de los aspectos más innovadores del Anteproyecto es el fortalecimiento de la autonomía universitaria mediante mecanismos de democratización interna. Entre ellos destaca la implementación del voto universal, directo, secreto y vinculante para la elección de autoridades universitarias, una medida que busca ampliar la participación de la comunidad en los procesos de toma de decisiones y fortalecer la legitimidad de quienes ocupen cargos de representación.

Asimismo, la propuesta contempla una ampliación de la representación dentro del Consejo Universitario, considerado el máximo órgano de gobierno de la institución. De aprobarse la reforma, diversos espacios académicos que actualmente cuentan únicamente con derecho a voz podrían incorporarse también con derecho a voto, permitiendo una participación más amplia y plural en las decisiones estratégicas que definen el rumbo de la universidad.

La reforma también incorpora una visión más amplia sobre los derechos universitarios. En este sentido, reconoce principios relacionados con la libertad académica y la libertad de expresión, así como valores fundamentales como la honestidad académica, la inclusión, la igualdad de género, el bienestar integral, los cuidados, la sustentabilidad y el acceso abierto al conocimiento. Estos elementos buscan consolidar una cultura institucional basada en el respeto, la equidad y la promoción de entornos seguros para toda la comunidad universitaria.

Otro de los componentes relevantes del Anteproyecto es la creación de un órgano electoral universitario especializado, encargado de garantizar procesos democráticos transparentes y confiables. A ello se suma la propuesta de establecer un Sistema de Ética y Justicia Universitaria, orientado a fortalecer la protección de los derechos humanos, prevenir conductas contrarias a los valores institucionales y promover mecanismos alternativos para la resolución pacífica de conflictos dentro de la comunidad.

En materia de transparencia y rendición de cuentas, la iniciativa incorpora un capítulo específico dedicado a la transparencia y la protección de datos personales. Además, establece disposiciones para reforzar la responsabilidad institucional, fomentar la ética pública y promover buenas prácticas administrativas en todos los niveles de la universidad.

La propuesta también contempla medidas para impulsar la calidad educativa, fortalecer la investigación científica, promover la innovación y ampliar los procesos de internacionalización. De igual forma, plantea mecanismos encaminados a diversificar las fuentes de financiamiento de la institución y optimizar los sistemas de vigilancia y control de los recursos universitarios, con el propósito de garantizar una gestión más eficiente y transparente.

Un elemento que ha caracterizado el desarrollo de esta reforma es el énfasis en la participación de la comunidad universitaria. Según explicó Sales Sánchez, la elaboración del Anteproyecto se sustentó en un diagnóstico participativo que incluyó foros regionales, encuentros sindicales, espacios de diálogo con la administración central y plataformas digitales de consulta. Dentro de este proceso, el sector estudiantil ha sido uno de los actores con mayor involucramiento, concentrando el mayor número de propuestas y observaciones tanto en la etapa diagnóstica como en la consulta pública actual.

La Consejería Jurídica Universitaria reiteró el llamado a estudiantes, académicos y trabajadores administrativos para que participen activamente en este ejercicio democrático. La consulta pública permanece abierta a través de la plataforma digital habilitada por la institución, además de diversas sesiones presenciales que se desarrollarán en espacios académicos de la universidad.

Para las autoridades universitarias, el proceso representa una oportunidad sin precedentes para construir colectivamente una nueva legislación que responda a las expectativas de las generaciones actuales y futuras. “Queremos una universidad más democrática, garantista, transparente y fortalecida para las próximas generaciones”, expresó Evangelina Sales Sánchez al subrayar la relevancia histórica de la reforma.