La Cámara de Diputados aprobó por 373 votos a favor y 18 abstenciones el dictamen para fortalecer vínculos de investigadores de instituciones de educación superior, centros públicos de investigación y entidades de la administración pública federal con los sectores público, privado y social.
También se propone que esas instancias puedan promover conjuntamente con los sectores público y privado la conformación de asociaciones estratégicas, alianzas tecnológicas, consorcios, unidades de vinculación y transferencia de conocimiento, nuevas empresas privadas de base tecnológica y redes regionales de innovación.
El documento avalado por el pleno modifica los artículos 40 Bis, párrafos primero y segundo, y 51 de la Ley de Ciencia y Tecnología, así como la fracción XII del Artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, también se otorga a los investigadores el carácter jurídico de “servidores públicos”.
Originalmente, la Ley de Ciencia y Tecnología, en su Artículo 40 Bis, sólo permitía la creación de unidades de vinculación y transferencia de conocimiento a las universidades e instituciones de educación pública superior y a los centros públicos de investigación.
En el Artículo 51 de dicha normativa únicamente se consideraba a los centros públicos de investigación como responsables de promover con los sectores público y privado la formación de asociaciones estratégicas, alianzas tecnológicas y nuevas empresas privadas de base tecnológica.
Sin embargo, con las reformas aprobadas en la Cámara de Diputados se incluyen a todas las entidades e instituciones, cuyo fin sea llevar a cabo actividades de investigación y desarrollo tecnológico o innovación.
Con dicha reforma se permite a los investigadores de instituciones de educación superior, los centros públicos de investigación y las entidades de la administración pública federal, que efectúen actividades de vinculación con los sectores público, privado y social.
Las unidades de vinculación y transferencia de conocimiento podrán constituirse mediante la figura jurídica que mejor convenga para sus objetivos, en los términos de las disposiciones aplicables, siempre y cuando no se constituyan como entidades paraestatales.
También podrán promover la comercialización de los derechos de propiedad intelectual e industrial de las instituciones, centros y entidades, los órganos de gobierno o su equivalente aprobarán los lineamientos que permitan otorgar a los investigadores, académicos y personal especializado que los haya generado hasta 70 por ciento de las regalías que obtengan.
Para fundamentar el dictamen, el diputado Alejandro Rangel Segovia afirmó que esa propuesta tiene como objetivo primordial impulsar el desarrollo científico, tecnológico y de innovación del país.
Ello, al incentivar el establecimiento de instancias de gestión para transferencia tecnológica y vinculación en todas las instituciones con actividades de investigación y desarrollo, añadió el legislador del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Además, eliminar el impedimento que tienen los investigadores para participar en actividades que implican su vinculación con proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico en relación con terceros.
Es decir, explicó, conformar asociaciones estratégicas, alianzas tecnológicas, consorcios, unidades de vinculación y transferencia de conocimiento, nuevas empresas privadas de base tecnológica, participación como socios, colaboradores o beneficiarios en actividades lucrativas y redes regionales de innovación.
Con el propósito de enfrentar los retos de la economía globalizada, es necesario impulsar y fortalecer el desarrollo científico y la modernización tecnológica de México, aseveró el diputado Rubén Benjamín Félix Hays.
Ello, mediante la formación de recursos humanos de alto nivel, la promoción y el sostenimiento de proyectos específicos de investigación y la difusión de la información científica y tecnológica, agregó el legislador de Nueva Alianza.
Al respaldar el dictamen por el que se reforman las Leyes de Ciencia y Tecnología, y Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, manifestó que la soberanía y el bienestar de una nación se apoyan en la generación de nuevos conocimientos que sean útiles para la sociedad.
Al fijar la postura del PRI, la diputada Irazema Gónzalez Martínez Olivares, sostuvo que hoy es un gran día para la ciencia en México.
Esa iniciativa, dijo, se refiere a que los académicos y científicos puedan ser servidores públicos diferenciados cuando trabajen en una institución pública, lo cual no era posible en México.
“Queríamos evitar que los académicos incurran en conflictos de interés y que la investigación básica sea el motor fundamental de la innovación, y el desarrollo tecnológico”, aseveró.
Para ello, se elimina el impedimento que tienen los investigadores para participar en actividades para asociarse estratégicamente o tecnológicamente.
Lo que se está reformando, dijo, es darle la oportunidad a la ciencia, a los académicos de incentivar la innovación y la promoción de la tecnología para poder comercializarla.
Juan Pablo Adame Alemán, del Partido Acción Nacional (PAN), externó que con la reforma aprobada este jueves se le quitan esas cadenas a los investigadores para que entonces todo el conocimiento y la investigación que han generado con recursos públicos, pueda ser regresado en beneficio de los mexicanos.
Es preciso erradicar la idea de que los investigadores tienen que ser sólo esas personas que estén sólo en el aula, sólo en el laboratorio y no desarrollando ese conocimiento en la iniciativa privada y en el sector privado, enfatizó.

