El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una controversia constitucional contra los artículos 35 y 37 de la Constitución capitalina.

La controversia fue formulada por el Pleno de magistrados del Tribunal Superior de Justicia en contra de la carta magna elaborada por la Asamblea Constituyente, al considerar que ambos artículos violan la autonomía e independencia del Poder Judicial local.

La determinación de presentar la controversia constitucional surgió de la decisión mayoritaria del pleno de magistrados, que en sesión discutió el tema en febrero pasado, una vez conocido el contenido de los mencionados artículos.

El Artículo 35 de la Constitución capitalina establece que el Consejo de la Judicatura local se integrará por siete consejeros o consejeras designados por el Consejo Judicial Ciudadano, de los cuales tres deberán contar con carrera judicial.

Asimismo que quien presida el Consejo de la Judicatura no podrá presidir el Tribunal Superior de Justicia, y que el presupuesto del Poder Judicial será elaborado por el Consejo de la Judicatura.

A su vez el Artículo 37 establece la creación de un Consejo Judicial Ciudadano, el cual estará integrado por 11 personas de las cuales siete serán profesionales en derecho.

Asimismo que los integrantes del citado Consejo serán designados por dos terceras partes del Congreso mediante convocatoria pública a propuesta de instituciones académicas, civiles y sociales, que al momento de hacer la propuesta tengan al menos cinco años de haberse constituido.

El precepto señala que serán atribuciones de ese Consejo designar a los consejeros de la Judicatura.

De acuerdo con la controversia presentada ante la SCJN, ambos artículos vulneran la autonomía e independencia del Poder Judicial local.

Se considera que la ciudadanización del sistema de justicia incide negativamente, ya que las labores de gobierno están encomendadas a entes públicos y no a la ciudadanía de manera directa.

Además que independientemente de las capacidades profesionales y éticas de quienes lleguen a ocupar las posiciones de consejeros judiciales ciudadanos éstos irrumpen indebidamente en el ámbito de desenvolvimiento independiente y autónomo que corresponde a todo órgano de justicia.

Asimismo se permite la intervención de particulares en la conformación del Consejo de la Judicatura, participación que se agrava si se toma en cuenta que se establece una mayoría de personas ajenas al Poder Judicial y con el hecho de que quien preside el Tribunal no puede presidir el Consejo de la Judicatura.

Otro aspecto es que al Consejo de la Judicatura se le encomienda la labor de calcular el Presupuesto de Egresos del Poder Judicial y la responsabilidad de designar a los jueces.

El Consejo Judicial Ciudadano nombra por la vía indirecta a los integrantes del primero, entonces interviene en decisiones que deben ser autónomas de la Judicatura, lo que constituye un atentado contra la autonomía.

También que el Consejo Judicial Ciudadano, concebido de manera inconstitucional para supuestamente combatir la corrupción, acaba por arrebatar un cúmulo de decisiones en el campo que tienen qué ver con el trabajo y labor profesional de los mismos jueces y magistrados; esto es, su autonomía.

Se concibe a un Consejo de la Judicatura con tan sólo tres miembros con carrera judicial de un total de siete, lo que se traduce en que el órgano que decide la marcha del Poder Judicial no conoce las necesidades de los impartidores de justicia.

De la misma manera la prohibición de que quien preside el Tribunal lo sea simultáneamente del Consejo de la Judicatura conlleva a la situación lógica de que quien tiene el voto de calidad en la toma de decisiones no goza de representatividad de los jueces, sino un particular, entre otras cosas.