Existe un compromiso del gobierno federal por impulsar los derechos humanos como una política, no solamente como acciones aisladas, sino con un esquema de trabajo a favor del país, dijo Ricardo Sepúlveda, director de Política Pública de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob)

A participar en el Foro de Socialización y Consulta del Programa de Empresas y Derechos Humanos, realzado en la Universidad de Monterrey (UDEM), dijo que el tema de derechos humanos, “es un tema delicado, difícil, que está cuestionando a nuestro país  y precisamente por eso, estamos buscando todas las formas posibles para atender esta problemática”.

Por su parte, Mariana Olivera, directora general Adjunta de Política Internacional de Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) , señaló que ante la inminente reconfiguración del panorama internacional, es evidente que habrá cambios sustantivos no sólo en el ámbito político y diplomático.

Sostuvo que también habrá claros impactos en la esfera económica con implicaciones directas en el comercio y la inversión.

“Ante eso, es importante replantear nuestras prioridades y diseñar estrategias creativas que nos lleven a conseguir nuestros objetivos: estamos conscientes de que la coyuntura actual nos exige concentrar nuestros esfuerzos en promover el crecimiento económico y mayores niveles de inversión y comercio “, expresó.

Considero que “no podemos soslayar la importancia, a pesar de ello, de promover el respeto y la protección de los derechos humanos de las operaciones en el sector privado”.

A su vez, Antonio J. Dieck Assad, rector de la UDEM, comentó que el tema de la sostenibilidad y del respeto a los derechos humanos está directamente ligado a la productividad de las empresas.

“Es necesario concebir el respeto a los derechos humanos como parte del ADN empresarial, es decir, como parte de una visión integral de lo que implica una conducta empresarial responsable”, afirmó.

El directivo opinó que “avanzar en esta cuestión es una tarea compleja, y de largo plazo, pero para desarrollar adecuadamente una cultura de prevención, que parta de los derechos humanos, no hay mejor momento para comenzar que ahora”.

“Es una labor que debe ser compartida por la sociedad civil, en su papel de monitoreo y supervisión; de los sindicatos, en representación de los intereses y derechos de sus agremiados; y desde luego, de la academia”, puntualizó.