El Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) validó el dictamen por el que se crea la Ley para Prevenir, Eliminar y Sancionar la Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición por Particulares en la Ciudad de México.

El diputado local del PAN, Luis Alberto Mendoza Acevedo, señaló que dicha ley permitirá tener un marco jurídico y un sistema integral en el que se establecen multas ejemplares e inhabilitación definitiva a los funcionarios públicos que incurran en esta práctica que viola el principal valor de las personas: la libertad.

El dictamen, que fue avalado por los grupos parlamentarios, incluye modificaciones a la ley vigente y destaca la implementación de un proceso de reparación de daños para las víctimas, así como protección a las víctimas directas y sus familiares.

La labor principal de las autoridades encargadas del seguimiento de este delito será la reparación del daño, además de la protección permanente de los afectados, velando por su integridad y evitando que sean revictimizados.

En la sesión extraordinaria realizada la víspera, también se aprobó la Ley de Atención y Apoyo a Víctimas Directas e Indirectas del Delito de Secuestro en la Ciudad de México, se informó en un comunicado.

Al respecto, el panista Gonzalo Espina Miranda aseguró que con esta ley se garantiza la debida protección y reparación del daño, no sólo de la víctima directa sino de quienes tengan relación inmediata con ella, a través de mecanismos que brinden asistencia médica, psicológica, orientación y representación jurídica.

También establece que la autoridad que realiza la investigación, debe garantizar la preservación de la vida de la víctima, la seguridad de su familia y de su patrimonio.

Respecto al término alienación parental, misógino y prejuicioso fue aprobada la derogación del Artículo 323 Séptimus del Código Civil del Distrito Federal, al considerar que carece de razonabilidad por encontrase redactado con términos y teorías psicológicas de difícil acuerdo o consenso entre los especialistas, al grado de que el término de síndrome de alienación parental es considerado misógino y prejuicioso por un sector de la doctrina especializada.

La diputada priista Jany Robles Ortiz, dijo a nombre de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, que se trata de una iniciativa del jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, en donde se considera que este término es violatorio de los derechos de igualdad, el principio de no discriminación y los derechos de los niños en relación con intereses superiores de la infancia.

Por su parte, el diputado por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) Mauricio Toledo Gutiérrez aseguró que la derogación de ese artículo permitirá resguardar el interés superior del menor y salvaguardar las relaciones familiares más allá y al margen de la ruptura de los padres como pareja.

Destacó que la aprobación de dictamen envía un mensaje para que otras entidades, que han registrado el término de alienación parental en sus legislaciones, analicen la viabilidad de derogarla en beneficio de su sociedad y el país.

Entre otras cosas, también se haría un llamado al Senado de la República para reconsiderar su postura en virtud de que el pasado mes de febrero aprobó un punto de acuerdo por el que se solicita a las entidades de la República Mexicana legislar en materia de la figura de alienación parental y realizar reformas de los códigos civiles.

Además se aprobó la Ley de Extinción de Dominio para la Ciudad de México, que pretende reducir la incidencia delictiva en la metrópoli, por lo que, el diputado por el PAN, José Manuel Delgadillo Moreno, destacó que esta ley permitirá desmantelar la estructura patrimonial de la delincuencia.

Ello, a fin de garantizar la reutilización social de los bienes asegurados que causen abandono y de aquellas cuyo dominio se declare en sentencia firme, así como la salvaguarda y restitución del patrimonio de las víctimas.

Por otra parte, fue validada la creación de la Ley de Sociedad de Convivencia para la Ciudad de México sobre la que el diputado panista, Luis Gerardo Quijano Morales, señaló que garantiza los derechos humanos como a una vida digna, a decidir sobre su persona y su patrimonio y al ejercicio de sus libertades, independencia, privacidad, intimidad y autonomía personal.