Bajo el principio de que la violencia contra los niños es inaceptable y no se puede “normalizar”, el gobierno, organizaciones sociales, empresarios y organismos internacionales presentaron un plan de acción para poner fin a la violencia contra niñas, niños y adolescentes.

En la Biblioteca México y con la presencia de funcionarios de los tres niveles de gobierno se presentó la «Alianza por una Niñez sin violencia», que establece el compromiso común de una lucha articulada contra ese fenómeno y por cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sustentable 2030 para garantizar un entorno sin violencia para la infancia.

Al respecto, Ricardo Bucio Mújica, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Infantil de Niños, Niñas y Adolescentes, afirmó que llegó el momento de “desnormalizar lo inaceptable” y garantizar a los niños un ambiente diferente.

Recordó que, a diferencia de otras generaciones, los niños de hoy viven en violencia y no pueden salir a jugar a la calle, además de que se violan sus derechos humanos, lo cual exige una acción coordinada para mejorar la situación.

En su oportunidad, Pressia Arifin-Cabo, representante adjunta del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en México, recordó que la única estrategia viable para acabar con los abusos contra los niños es una estrategia transversal y con el esfuerzo de todos los sectores de la población.

Recordó que la violencia en los primeros años de vida puede tener efectos irreversibles en la vida de las personas y, por lo tanto de la sociedad, de manera que se requieren estrategias de Estado que trasciendan los términos de gobierno.

Para ello, consideró fundamental la voluntad política y los presupuestos en los tres niveles de gobierno.

A nombre de la Sociedad Civil, Rosa Martha Loria San Martín, presidenta de la asociación civil Corresponsabilidad Mexicana, presentó un decálogo de elementos que deberían estar presentes en las estrategias para proteger a la infancia.

Entre ellas destacan unificar los protocolos de actuación para evitar la revictimización cuando se investiga la violencia contra los niños; armonizar las leyes locales con la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes; que haya una adecuada rendición de cuentas y que los tres niveles de gobierno articulen sus acciones.

El secretario ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), Jaime Valls Esponda, advirtió que las 187 instituciones agrupadas están trabajando con una red de investigadores para conocer en detalle el fenómeno y proponer estrategias.

En su oportunidad, Francisco Cienfuegos Martínez, alcalde de Guadalupe, Nuevo León y presidente de la Red Mexicana de Ciudades Amigas de la Niñez, enfatizó que 90 por ciento de los casos de violencia contra la infancia se atienden a nivel municipal.

Por ello, planteó tres objetivos: que los dos mil 245 municipios del país tengan defensorías para atender la violencia contra los niños; que los 150 municipios que pertenecen a la Red tengan ese tema en la agencia y que se institucionalicen a ese nivel las estrategias del plan.

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, sostuvo que ese tema tiene implicaciones sociales y de salud pública. Se debe de atender con un enfoque de derechos humanos y desde el interés superior de la infancia.

Particularmente puso énfasis en graves temas de violencia contra la infancia, como la migración no acompañada, los hijos de mujeres en reclusión, niños en desplazamiento forzado o en ambientes de desaparición forzada o víctimas de delitos sexuales.

Todo ello, enfatizó, se debe atender de manera prioritaria y pensando siempre en el interés superior de la infancia.

Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno de la Ciudad de México y presidente en turno de la Conferencia Nacional de Gobernadores, ofreció la plena colaboración de los gobiernos de los estados en ese tema.

Pidió el apoyo de la Unicef para protestar contra la violencia que sufren los niños, cuyos padres son deportados por razones migratorias o bien, que son devueltos al país por esas mismas razones, en un retorno que no tiene sentido.

Los estados, destacó, están eliminando ya la posibilidad legal del matrimonio entre niños y advirtió que el sistema de cámaras de videovigilancia en la Ciudad de México se están usando para detectar delitos contra la infancia, aunque reconoció que los gobiernos deben ser cuidadosos al intervenir en estos casos, para no vulnerar otros derechos.

Susan Bissell, directora de la Alianza Global para poner Fin a la Violencia contra la Niñez de la ONU, hizo un reconocimiento a México por su liderazgo, voluntad política y agilidad en la acción en ese tema, que viene trabajando desde antes de que se creara este compromiso internacional.

A manera de ejemplo, destacó la aprobación en 2014 de la Ley General de Niñas, Niñas y Adolescentes, que demuestra el compromiso y liderazgo del país en esa materia.