El Instituto Nacional de Transparencia determinó que la PGR deberá realizar una nueva búsqueda y permitir acceso a documentos de donde se pueda desprender el número de indagatorias abiertas contra el exgobernador de Veracruz, cuentas, empresas y propiedades aseguradas.

En su sesión de este miércoles, los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos personales (INAI) respaldaron la propuesta que en ese sentido formuló su colega Óscar Guerra Ford.

Además la Procuraduría General de la República (PGR) deberá informar el número de órdenes de aprehensión contra dicha persona con motivo de las averiguaciones previas, sólo por lo que se relaciona con casos vinculados a indagatorias relativas a delitos cometidos en ejercicio de funciones.

En este caso, explicó el comisionado ante sus pares, se actualiza el interés público que dispone la Ley General de Transparencia, y aunque un juez no ha declarado culpable a dicha persona “existe un interés público superior en dar a conocer los datos solicitados, por la calidad que ostentó como servidor público”.

Guerra Ford expuso que dar a conocer los datos solicitados, con motivo de las averiguaciones abiertas, es legítimo porque permite realizar un control constitucional del desempeño del otrora gobernador de Veracruz.

Al respecto, explicó que una persona solicitó el número de cuentas, empresas y propiedades que la PGR ha asegurado como resultado de las investigaciones que realiza al exgobernador, Javier «N», y a otras personas, familiares y exservidores públicos.

También pidió el número de indagatorias abiertas contra el exmandatario; número de órdenes de aprehensión obtenidas por la PGR vinculadas y cuántas ya fueron cumplidas; además se pidió información sobre la identidad de las personas aprehendidas en relación con el caso.

En respuesta, la PGR envió los boletines de prensa donde se informa de este asunto, ante lo cual la solicitante presentó el recurso RRA 2719/17 que se turnó a la ponencia del comisionado Guerra y, en alegatos, señaló que la información es susceptible de reserva y confidencialidad.

Tras analizarse el caso, a propuesta del comisionado Oscar Guerra, el Pleno del INAI modificó la respuesta de la PGR y le instruyó realizar una búsqueda más amplia.

Sin embargo, el INAI dejó claro que la información sólo se dará cuando se trate de casos vinculados con investigaciones relacionadas con delitos cometidos en ejercicio de funciones públicas.

 

Entre otros aspectos, el INAI indicó que se debe reservar como confidencial la identidad de particulares que no revistan carácter de servidores públicos.