El pleno de la Cámara de Diputados avaló con 289 votos el dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para dotar de un adecuado marco normativo a los refugios.

Mediante el dictamen avalado en el último día de sesiones del actual periodo ordinario de sesiones y enviado al Senado de la República se deberán especificar y concretar medidas para el funcionamiento de dichos refugios y la prestación de servicios a las víctimas que acuden a ellos.

También detalla que el objetivo de los refugios es sanar y revertir los daños causados por la violencia, transformar la condición de las mujeres, de víctimas a sobrevivientes, y fortalecer su autonomía para lograr su empoderamiento.

Además de favorecer el desarrollo de la víctima, nutrir las decisiones que toma día a día y que determinan posibilidades hasta lograr el cumplimiento de la meta principal: vivir libre de violencia.

Con las reformas se busca ampliar los servicios y facilidades que proporcionan los refugios o sus centros de atención externa, a las mujeres, a efecto de reforzar los mecanismos de atención y seguimiento, que aseguren la reinserción de las mujeres violentadas a la vida social, pública y privada.

Las reformas promueven la vivienda provisional para las mujeres víctimas y, en su caso a sus hijas e hijos, con la intención de salvaguardar su integridad física y psicológica, para establecer un preámbulo no obligatorio que posteriormente permitirá incluir en la ley a las casas de transición como figura específica.

Lo anterior da margen a las entidades federativas que presentan un avance en la materia y, a su vez, abre una opción para aquellas que desconocen la figura o la implementación de este tipo de políticas públicas.

A todo ello se suma que fomentan alternativas laborales para las mujeres víctimas, a fin de que al entrar a un refugio no pierdan su empleo y tengan estabilidad laboral.

El dictamen obliga a las secretarías de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, para que informen a las residentes de los refugios sobre los programas sociales con que cuentan para promover su adhesión a los mismos.

Además, faculta a la Secretaría de Educación Pública para ofrecer alternativas a las mujeres residentes, sus hijas e hijos, a fin de que no pierdan ciclos escolares por situaciones de violencia o, en su caso, acceder a programas de recuperación y regularización escolar.

También establece que los refugios contarán con personal de seguridad que garantice la seguridad de las víctimas y de quienes laboren en el mismo.

Define a los refugios como lugares seguros, privados y anónimos para seguridad de las residentes y de quienes laboren en los mismos, así como por protección se señala expresamente la privacidad de los datos de las residentes, que no podrán ser conocidos salvo mandato judicial.

Los refugios deberán contar con un Centro de Atención Externa, que brinde información y orientación sobre los servicios que ofrece, y se les define como el espacio público que proporciona de forma gratuita, orientación jurídica, atención psicológica de emergencia y, en su caso, servicios de canalización a las instituciones de salud correspondientes a las víctimas, sus hijas e hijos.