El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que las autoridades locales carecen de facultades para revalidar los títulos profesionales expedidos en el extranjero.

Al analizar diversas impugnaciones a la Ley para el Ejercicio Profesional del Estado de Michoacán de Ocampo, recordó que la Ley General de Educación dispone que será la federación, por conducto de la Secretaría de Educación Pública (SEP), la autoridad facultada al efecto.

Durante la sesión, el ministro Eduardo Medina Mora dijo que “sujetar el reconocimiento y registro en el Estado, de los títulos expedidos en el extranjero, a que los interesados cumplan los requisitos establecidos en la ley que nos ocupa, es inconstitucional ya que vulnera el sistema de competencias establecido en Artículo 73 de la Constitución”.

Al emitir un voto en contra del proyecto, el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo opinó que el determinar que “todas las profesiones” requieran título para su ejercicio, generaría algunos problemas.

“En principio, porque considero que iría contra el libre ejercicio de las profesiones, sujetando a título sólo en los casos determinados por las entidades federativas, en la gran mayoría existe una lista de profesiones que requieren título para su ejercicio, y en el caso que analizamos, de manera general abarca o contempla que todas las profesiones requieren título para su ejercicio”.

Señaló que esto resulta muy razonable cuando se habla de determinado tipo de profesiones, “pero puede haber algunas otras en las que no sea razonable exigir el título para el ejercicio de la profesión respectiva”.

Los ministros también validaron el Artículo 36 de la Ley para el Ejercicio Profesional de Michoacán, en el sentido de que se entiende por servicio social, “el trabajo de carácter temporal que presten los profesionistas y estudiantes en interés de la sociedad y el Estado”.

De tal suerte que el servicio social que presten los estudiantes podrá ser retribuido, sin que ello genere una relación laboral.

El ministro Medina Mora comentó que de conformidad con el Artículo 5 de la Constitución y 24 de la Ley General de Educación, el servicio social constituye una asignatura para la formación del alumno cuyo propósito es la vinculación del profesional con la práctica profesional, en un contexto práctico.

Por lo tanto, dicha actividad –por su naturaleza– no constituye una relación de trabajo, pues su desarrollo atiende al cumplimiento de un programa de formación que promueve el mejoramiento social, cultural y económico de la población a través de un servicio a la comunidad.