Un juez ordenó al Gobierno Federal que se garantice la salud de las personas internadas en 39 hospitales psiquiátricos del país ante la pandemia por COVID-19, luego de que la organización civil Documenta A.C. interpuso una demanda de amparo contra el Consejo de Salubridad el 24 de abril.

Ángel Salvador Ferrer, coordinador del programa de Prevención de la Tortura de la organización, explicó en entrevista con Notimex que si bien la resolución del juez abarca los 39 psiquiátricos que dependen de la Federación o los gobiernos estatales éstos no son los únicos que existen a nivel nacional.

La organización argumentó en el amparo que las personas internadas en los hospitales psiquiátricos están en una situación de mucha exposición a contraer el virus y asumir ciertas dificultades para tener un tratamiento adecuado.

Además, hasta la fecha ninguna autoridad sanitaria ha informado o implementado medidas específicas donde se establece o se aborda cómo será la atención a esta población.

“El juzgado resolvió que el gobierno debe implementar acciones para proteger la vida, salud y los derechos de las personas internadas y que, además, tiene que informar cuáles son estas medidas que se están tomando”, expresó.

El juez resolvió en ocho puntos las medidas que debe tomar el Gobierno Federal. Entre ellas están el suministro básico de higiene personal y de limpieza de espacios, así como medidas de sana distancia.

También pidió que se realicen pruebas de COVID-19 bajo consentimiento expreso de pacientes y personal para detección de posibles casos a efectos de evitar el contagio; además, la aplicación de los protocolos de prevención sanitaria respecto del virus conforme a lo establecido por la Secretaría de Salud.

El juez ordenó la implementación de medidas generales sanitarias eficaces y proporcionales para la prevención y evitabilidad de contagio, así como garantizar el apoyo psicoemocional profesional para las personas internadas.

La autoridad judicial también ordenó realizar las acciones necesarias para que las personas usuarias de los servicios de salud mental que cuenten con redes de apoyo familiar o social no sean ingresados a hospitales psiquiátricos de forma involuntaria, atendiendo a que esto podría suponer un riesgo para su salud.

También ordenó que se garantice el contacto de las personas internadas con el exterior mediante llamadas telefónicas, videollamadas u otras tecnologías de la información y la comunicación.

Finalmente, el Gobierno Federal deberá garantizar el acceso a la información de las personas internadas, así como de sus familiares sobre las medidas implementadas durante la emergencia sanitaria, en un lenguaje claro y sencillo.

Agregó que, de acuerdo con datos del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) en 2018, la población en internamiento en hospitales psiquiátricos era de dos mil 682 personas. No obstante, la cifra es mayor pues no existe información oficial disponible respecto del número actual.

Añadió que, según reportes periodísticos, hasta el momento cuatro personas internadas en el hospital psiquiátrico de Yucatán habrían dado positivo a COVID-19.

Fuente: NTX