Ante el riesgo de aumentar la opacidad en las compras públicas que realiza el gobierno federal, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) demandó a la Cámara de Diputados no realizar modificaciones al vapor a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y privilegiar la transparencia y la competencia en dicha normatividad.

En videoconferencia, Gustavo de Hoyos Walther, presidente del ese organismo empresarial, comentó que las adjudicaciones directas en la compras del gobierno deben ser hechas cuando se considere una situación grave, no se haya logrado garantizar la disponibilidad, como lo establece el actual marco normativo. Destacó que Coparmex rechaza que se legisle al vapor y se modifique el artículo 1 de dicha ley.

De acuerdo con el organismo del sector privado, el nueve de cada 10 contratos de compras del Estado se han hecho por adjudicación directa o invitación restringida, mientras que los concursos de licitación se limitan al 10 por ciento restante.

Dijo que en la grave emergencia sanitaria actual, el sector empresarial considera fundamental que el sistema de salud pública cuente con todo lo que necesita para cuidar el bienestar de los mexicanos, con medicinas de calidad, seguras, adecuadas, obtenidas a precios justos, en procesos transparentes e íntegros.

Coparmex calificó de violatoria al artículo 134 de la Constitución, así como a las Convenciones y Tratados Internacionales de los que México es parte la propuesta de modificar la Ley de Adquisiciones.

El organismo del sector privado propuso 10 principios rectores para cualquier discusión de proyecto de ley o reforma en esta materia, entre los que destacan dar transparencia, pues consideró que el proceso debe ser una caja de cristal desde la planeación hasta el último peso que pague el gobierno.

Coparmex exigió que el sistema de contrataciones públicas promueva activamente la competencia en todos los sectores, como medida de desarrollo y como factor de prevención de la corrupción.

El organismo empresarial pidió no discriminar en lo proceso de adquisición de bienes y servicios por parte del Estado, por lo que en la legislación debe promover la pluralidad y la eliminación de barreras artificiales e innecesarias.

“Apoyaremos leyes que promuevan el mejor uso de los recursos públicos en el corto, mediano y largo plazos”, apuntó.

Añadió que reconocen que las decisiones son tomadas por personas, pero exigimos que estén debidamente sustentadas, en elementos objetivos y comprobables.

“Las contrataciones públicas de un país democrático pueden ser una gran palanca de desarrollo. Con la salud no se juega y menos a costa de nuestras familias”, dijo.

Fuente: La Jornada