La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hizo un “llamado urgente” al Congreso de la Unión para que asegure los recursos económicos del Fondo para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas, ya que “autorizar la propuesta que busca centralizar la administración de éste, sin las previsiones debidas, generaría obstáculos administrativos y burocráticos para acceder con inmediatez a los recursos para implementar medidas de protección y auxilio a las personas defensoras y periodistas que han sido víctimas de agresiones”.

En un comunicado, el organismo público destacó que, a través del Mecanismo de Protección, “los agraviados han encontrado una oportunidad para continuar ejerciendo su labor informativa y de defensa de derechos humanos en beneficio de la sociedad, por lo que no debe perderse de vista, la importancia de transparentar el ejercicio del presupuesto público, evitar la opacidad en su manejo, promover su eficiente uso e impedir su desvío de los fines para el que está destinado”.

De igual forma, señaló que México se caracteriza por sus altos índices de violencia en contra de las personas defensoras, periodistas y comunicadores, quienes arriesgan su vida al realizar labores de defensa y denuncia pública, sobre múltiples situaciones como la inseguridad y corrupción, cuyas agresiones ocurren en contextos de especial o extrema vulnerabilidad, al relacionarse, en gran medida, con la presencia del crimen organizado.

La CNDH recordó que el Estado tiene una “responsabilidad reforzada en sus obligaciones de prevención y protección de las personas defensoras y periodistas, al advertir que existe el riesgo real e inminente de que se produzcan crímenes en su contra, cuando enfrentan violencia, impunidad y autocensura, aunado a la inexistencia o insuficiencia de medidas oportunas e idóneas para atender esos contextos”.

Por todo ello, la Comisión le demandó a las autoridades “la impostergable creación de una política integral de prevención, protección y procuración de justicia, en la cual, el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas juegue un papel fundamental, además de condiciones políticas, jurídicas y presupuestarias para su óptimo funcionamiento”.

Fuente: la jornada