Miembros de la familia LebBarón, así como activistas y agricultores de Chihuahua, afectados por la intención de pagar un acuerdo de agua con lo existente en La Presa La Boquilla, anunciaron en conferencia de prensa, que realizaron una solicitud de medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que dicte en especial, dos determinaciones dirigidas, la primera, a que ordene al estado mexicano, no hacer uso de las fuerzas armadas para realizar tareas de orden civil, así evitar mayores confrontaciones con los colectivos.

El segundo punto busca garantizar la estabilidad económica de las personas de la región que se están viendo afectadas y se les afectaría en mayor medida si se envía el agua de la boquilla a Estados Unidos.

En la conferencia participaron Bryan, Julián y Adrián LeBarón, Raymundo Eugenio Soto Villegas, reconocido activista de la entidad, y el documento fue firmado además, por otros 60 agricultores, afectados por la situación que priva en la entidad.

Esto es importante ya que solamente en el último mes, la presencia de la Guardia Nacional en la región ha tenido como consecuencia una ejecución extrajudicial y un ataque que culminó en lesiones graves.

Cabe recordar que a mediados de septiembre Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional, dijo que el homicidio de Yésica Silva tras la toma de la presa La Boquilla en Chihuahua fue un “lamentable accidente”.

Además, en la cercanía, en la Presa La Pila fueron detenidos tres agricultores, supuestamente por tener armas de uso exclusivo del Ejército, y trasciende que serían acusados hasta de terrorismo.

En este marco, se reconocer que hay dos realidades innegables:

1. Médico debe cumplir con el tratado internacional de aguas suscrito con Estados Unidos en 1944.

2. La sequía y poco almacenamiento de aguas ha hecho que cada año los agricultores tengan menos acceso al agua para sus cultivos. El año que viene será peor porque no tendrán posibilidad de cultivar ni en un 30% de su capacidad con el agua que hoy en día queda.

La Guardia Nacional ha tomado el control de las presas desde el mes de febrero. En este marco, los agricultores están muy preocupados porque está en riesgo su actividad económica, sus ingresos y los de sus familias. Cerca de 12,000 personas se pueden ver afectadas si se llevan el agua de la boquilla.

Los efectos de no poder generar ingresos para estas 12,000 personas, pueden trascender incluso en miles de personas obligadas a migrar a los Estados Unidos. Hace unos días se registró un aumento en el número de soldado en la derivadora de “las pila” y en la región en general.

Frente a este marco, se busca que el mundo que el mundo voltee a ver que existe un riesgo sobre un sector importantísimo para el país. Esto porque a veces parece que el agricultor se enfrenta a dos gobiernos, a uno extranjero y al que debería defenderlo.

No queremos que se deje de pagar, al contrario, pero que se asuma que, si solamente existe este camino, se pone en riesgo la actividad que alimenta a la región, y al país. Pero queremos que se busquen alternativas en un clima de paz, donde no exista el miedo por las acciones represoras que pueda desplegar la Guardia Nacional, y no hablamos en balde, ya ha habido muertos.

Es un llamado al Gobierno mexicano para que reflexione sobre sus prioridades, y no es el pago, es buscar alternativas donde todos ganen y nadie vea afectadas sus actividades.