Nueva York. El general Salvador Cienfuegos Zepeda, ex secretario de Defensa Nacional de México y aparentemente apodado El Padrino, compareció ante un tribunal federal en Los Ángeles menos de 24 horas después de ser arrestado y acusado por el gobierno de Estados Unidos de cuatro cargos relacionados al narcotráfico y lavado de dinero que podrían implicar una condena de entre 30 años de carcel a cadena perpetua.

En la brevísima audiencia inicial por videoconferencia, el juez federal Alexander McKinnon le preguntó a Cienfuegos si entendía la acusación en su contra y si cuando fue arrestado entendió sus derechos legales, a lo cual respondió de manera afirmativa a través de un traductor. El acusado contrató a un abogado, Duane Lyons (del bufete Quinn Emmanuel) para representarlo en este primer paso de lo que promete ser un largo proceso judicial.

El asunto de una solicitud de libertad bajo fianza como el del traslado del general a la ciudad de Nueva York para ser enjuiciado se abordará el próximo martes ante el mismo juez. Cervantes mientras tanto permanecerá encarcelado bajo custodia del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos en Los Ángeles.

Los fiscales federales suponen que será trasladado a Nueva York en las próximas semanas ya que en esta ciudad se formularon los cargos y el Tribunal Federal del Distrito del Este de Nueva York será sede de su proceso judicial que culminaría eventualmente en un juicio.

El general Cienfuegos Zepeda está formalmente acusado por el gobierno de Estados Unidos de cuatro cargos: tres por conspiración de manufactura, distribución e importación a Estados Unidos de drogas ilícitas y un cargo por lavado de dinero, todo según el documento judicial oficial presentado por los fiscales ante el tribunal en Nueva York en 14 de agosto de 2019 -misma fecha en que se emitieron las órdenes de su arresto- y hecho público este viernes después de que el acusado fue detenido, el jueves, en el aeropuerto de Los Ángeles.

Los fiscales encargados del caso acusan que el general Cienfuegos Zepeda abusó su puesto para ayudar al cártel H-2 traficar miles de kilos de diferentes narcóticos a Estados Unidos y a cambio de sobornos permitió que ese cártel actuara con impunidad en México.

Según la acusación oficial, entre diciembre de 2015 y febrero de 2017 el general Cienfuegos, también conocido como El Padrino, conspiró junto con otros para manufacturar y distribuir drogas ilícitas incluyendo heroína, cocaína, metanfetaminas y mariguana con el conocimiento de que serían exportadas a Estados Unidos.

El cuarto cargo es por conspiración para blanquear fondos procedentes del narcotráfico y acusa que entre las misma fechas de diciembre de 2015 a febrero de 2017, Cienfuegos realizó “transacciones financieras” transfiriendo y entregando fondos procedentes del narcotráfico en moneda estadunidense y mexicana.

Los fiscales estadunidenses calculan que la pena mínima para cada uno de los primeros cargos es de 10 años de prisión y en conjunto una máxima de hasta cadena perpetua.

En una carta enviada al tribunal en Nueva York por el fiscal federal interino Seth Ducharme fechada este viernes 16 de octubre, se solicita una “orden permanente de detención” para el general -o sea, descartar cualquier forma de libertad condicional, bajo fianza o arresto domiciliario- ya que el acusado representa “un riesgo de fuga”.

El fiscal sostiene, en la carta, que el general abusó de su puesto como secretario de la Defensa Nacional que ocupó entre 2012 a 2018 para ayudar al cártel H-2 traficar miles de kilos de drogas ilícitas. “A cambio de pagos de soborno, permitió al cártel H-2 -un cártel que rutinariamente realizó violencia al mayoreo, incluyendo tortura y asesinato- a operar con impunidad en México”.

Más aún, la evidencia captada por fuerzas de seguridad pública, la cual incluye miles de comunicaciones por BlackBerry Messenger interceptadas por las autoridades, revela que mientras era secretario de Defensa Nacional, a cambio de sobornos, el acusado ayudó al cártel H-2 de múltiples maneras, incluyendo asegurar que no se realizaran operaciones militares contra ese cártel, lanzando operaciones contra los rivales del H-2, facilitando transporte marítimo, ampliando el territorio controlado por ese cártel a Mazatlán y el resto de Sinaloa y presentando a líderes del cártel con otros funcionarios mexicanos dispuestos a colaborar.

Además, según la carta del fiscal, Cienfuegos alertó al cártel de las investigaciones realizadas por fuerzas de seguridad pública estadunidenses sobre sus operaciones incluyendo el uso de informantes y testigos cooperantes, lo cual resultó en el asesinato de un integrante del cártel.

En las comunicaciones interceptadas ahora en poder de las autoridades estadunidenses, se encuentran varios intercambios entre el acusado y un alto líder de H-2 en las que Cervantes habla de su historia asistiendo a otra organización de narcotráfico como también otras en que es plenamente identificado.

El fiscal revela también que múltiples testigos han ofrecido “una riqueza de información” al gobierno estadunidense sobre las operaciones del cártel H-2, incluyendo el uso de sobornos para obtener la protección del gobierno.

El fiscal Ducharme concluye que “como deja en claro la conducta criminal del acusado, él no tiene ningún respeto por la autoridad pública y el imperio de ley” y acusa que “previamente ha puesto en peligro la seguridad de oficiales de seguridad pública estadunidenses y sus testigos al divulgar su existencia y el estatus de la investigación crminal sobre el cártel H-2 a su alto liderazgo”.

La acusación formal divulgada hoy fue registrada ante el tribunal el 14 de agosto de 2019

El Tribunal Federal del Distrito del Este de Nueva York es el mismo edificio de cortes en donde se realizó el juicio de Joaquín El Chapo Guzmán y donde procede el enjuiciamiento de Genaro García Luna. Sin embargo, por ahora no hay información ni evidencia de que el caso de Cienfuegos esté relacionado con los otros dos.

Horas antes, Marcela Celorio, también en redes sociales, indicó que se entrevistó en dos ocasiones con el general Cienfuegos, primero por teléfono, para asegurarse de su estado de salud y sus condiciones de confinamiento y la segunda, personalmente y le proporcionó la debida asistencia consular e informé sobre sus derechos en EU.

“La labor de los consulados es proteger los derechos de los mexicanos detenidos, asegurando el debido proceso de ley y un trato digno durante todo el proceso”, precisó la cónsul.

Fuente: la jornada y 24 horas