En la zona entre los límites del municipio de Lagos de Moreno (Jalisco) y León (Guanajuato), se reporta que existen campos de reclutamiento forzado del crimen organizado, las desapariciones en esa zona son parte de las múltiples que son denunciadas por grupos y padres de familia en Jalisco y Guanajuato.

En las cuevas de Comanja de Corona, la zona montañosa entre los límites del municipio de Lagos de Moreno (Jalisco) y León (Guanajuato), Dios no existe… En ese inhóspito lugar se localizan campos de reclutamiento forzado que controlan las bandas del crimen organizado, de acuerdo con testimonios y reportes periodísticos.

“Yo creo que ahí tienen a mi hijo”, dice Maribel Ramos, madre de Mauricio Rodríguez, de 15 años de edad, quien desapareció el pasado de 4 de agosto a mediodía. Desde entonces no ha dejado de buscarlo, comenta. Su angustia aumentó cuando algunos vecinos le dijeron que probablemente el joven se encuentre en esas cuevas.

Mauricio salió con tres amigos. Ellos regresaron a casa dos días después, dice, pero se niegan a hablar sobre la desaparición de Mauricio; están amenazados.

Maribel clama: “Con mi padre Dios no estamos enojados. Le pedimos con más fe; le suplicamos una pista, una sola. Le digo: si mi hijo ya está contigo, qué bueno que esté descansando. Su cuerpo, su espíritu, su alma te pertenecen, pero quiero sentir que el cuerpo me pertenece también. Ayúdame a encontrarlo para tener un lugar a dónde ir a llorarle, a dónde hablarle”.

Autoridades estatales de Jalisco realizan acciones de búsqueda de personas desaparecidas en una fosa Clandestina en una finca ubicada en la colonia El Zapote. Foto: Imagen de referencia, Fernando Carranza, Cuartoscuro

En la pequeña Fiscalía de Lagos de Moreno, donde sólo Ricardo Arias investiga como Ministerio Público (MP) los crímenes en la región Altos Norte de Jalisco –una de las más peligrosas del estado–, la negativa para buscar en Comanja fue contundente: “como usted comprenderá, para allá está muy peligroso. Hace poco nos pusieron una emboscada”, le dijo un trabajador de la dependencia a Maribel.

Le comentó también que en 15 días le resuelve. “¿Quince días más para saber si mi hijo estuvo o está ahí?”, se pregunta la madre de Mauricio.

Según la Comisión Nacional de Búsqueda, en Lagos de Moreno han desaparecido 323 personas; las familias de víctimas aseguran que son muchos más, sólo que el miedo a las represalias evita las denuncias.

El Sistema de Información Sobre Víctimas de Desaparición de Jalisco (Sisovid) ubica a Lagos como uno de los municipios de mayor riesgo, junto con Zapopan, Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga, Tonalá y Guadalajara.

Anna Chimiak, la codirectora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) que desde 2016 acompaña a las familias de víctimas, asegura que la centralización de los trabajos de búsqueda afecta a los municipios alejados de la zona conurbada de Jalisco, como Lagos de Moreno, donde 45 por ciento de la población habita áreas rurales.

Ahí, sostiene, sólo se localiza a 25 por ciento del total de personas desaparecidas, pero sin vida –el promedio en Jalisco es de 40 por ciento–; los casos nunca llegan a esclarecerse y no registran personas sancionadas.

CRÍMENES SIN ATENDER

Aunque Lagos de Moreno pertenece a Jalisco, sus habitantes se sienten más cercanos –y lo están geográficamente– a León, capital económica de Guanajuato, el estado con mayor índice de asesinatos en el país durante 2019.

“En algunos temas de delincuencia organizada Lagos es como una colonia de León”, comenta René Urrutia, consultor en seguridad, exfiscal de Aguascalientes y ex subprocurador regional de Justicia en Guanajuato.

Desde 2015 se han denunciado 239 homicidios en Lagos. La Guardia Nacional (GN), que llegó en julio de 2019, no ha hecho diferencia. Hasta agosto pasado la cifra era de 70, lo que ya supera los 65 casos registrados en todo 2019.

La zona, que según el discurso oficial es disputada por los cárteles de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el de Santa Rosa de Lima, es un espacio violento y poco atendido por el Gobierno de Enrique Alfaro, de Movimiento Ciudadano (MC), en cuya administración han desaparecido más de 3 mil personas. Entre él y su homólogo en Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez, del Partido Acción Nacional (PAN), hay alianzas económicas, pero no proyectos regionales para combatir la violencia.

“Es lamentable. Tenemos trámites burocráticos impensables. Colaboraciones, exhortos, comunicaciones epistolares del siglo pasado”, añade Urrutia.

En el intercambio de violencia entre Jalisco y Guanajuato, no sólo se mueve el mercado de las drogas; también la trata de personas con fines de explotación sexual, cuyas principales víctimas son mujeres menores de edad, y el tráfico de armas, de acuerdo con Chimiak, del Cepad.

“En varios moteles en la salida de León hacia Lagos de Moreno y viceversa, que no son pequeños, se desarrolla actividad relacionada con trata de personas para explotación sexual”, asegura el exfiscal Urrutia. Admite que entre 2009 y 2013, cuando fue director de la policía ministerial, no se llevaron a cabo investigaciones con Jalisco, aunque ya se conocía la gravedad del problema.

Después de dos años de búsqueda, un testigo le reveló a una madre donde se encontraba el cuerpo de su hijo. 

Fuente: sinembargo