Los coordinadores de los Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional, del Partido Revolucionario Institucional, de Movimiento Ciudadano y del Partido de la Revolución Democrática, que integran el Bloque de Contención en el Senado de la República, presentaron una proposición con punto de Acuerdo para demandar que la política energética instrumentada por el Ejecutivo Federal respete la Constitución y los tratados internacionales de los que México forma parte.

En esta proposición con punto de Acuerdo se señala que las acciones en materia de política energética asumidas por el Ejecutivo Federal durante la actual administración vulneran el orden constitucional vigente, al obstaculizar indebidamente el ingreso de energías limpias al mercado y otorgarles preferencia a las empresas productivas del Estado sobre las empresas privadas.

Recientemente, más de cuarenta legisladores estadounidenses dirigieron una carta al presidente Donald Trump solicitando que su administración busque una solución a la limitación de la inversión privada en el sector energético que ha promovido el gobierno mexicano. En este sentido, acusaron que el gobierno mexicano brinda tratamiento regulatorio preferencial a Petróleos Mexicanos, al tiempo que retrasa o cancela los permisos de las compañías norteamericanas.

Las definiciones del Ejecutivo Federal en materia de política energética podrían ser objeto de controversias internacionales en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el cual garantiza el trato igualitario a inversionistas en los tres países signatarios del acuerdo, además de reconocer el compromiso de promover el desarrollo de energías limpias con el fin de proteger el medio ambiente y beneficiar a los consumidores.

Para las senadoras y senadores del PRI, el espíritu del T-MEC radica en promover una integración regional que consolide a América del Norte como el principal eje de desarrollo económico y prosperidad del mundo. Faltar a los acuerdos etablecidos en el Tratado tendría graves consecuencias sobre la economía nacional, al poner en riesgo importantes fuentes de inversión que contribuyen al desarrollo de nuestro país, generando miles de empleos para las familias mexicanas y asegurando el acceso a energías más limpias, accesibles y con horizonte de largo plazo.

Por ello, el Grupo Parlamentario del PRI en el Senado demanda que la política energética del gobierno mexicano se apegue estrictamente al orden constitucional y legal vigentes, así como a los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano.