La coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD, Verónica Juárez Piña, advirtió que el dictamen aprobado ayer en el Senado de la República por el que se crea un mercado regulado del cannabis, carece de un enfoque integral, porque beneficia a las empresas que decidan incursionar en la producción o en la comercialización, pero insiste en el enfoque prohibicionista y en la criminalización de los consumidores.

A través de un comunicado, dijo que con la aprobación del dictamen por el que se expide la Ley para la Regulación del Cannabis y reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, el Código Penal Federal y Transitorios, que será enviada como minuta a la Cámara de Diputados, las y los senadores dan cumplimiento a la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para legislar en la materia, después de que el máximo órgano judicial considerara que su prohibición transgredía el derecho al libre desarrollo de la personalidad.

Sin embargo, en opinión de la diputada perredista, esta legislación no atiende las demandas de diversas organizaciones civiles en materia de seguridad, derechos humanos y de consumidores, especialistas y organismos del ámbito médico y científico, que han venido planteando que para que una legislación garantice el derecho al libre desarrollo de la personalidad, permita combatir la adicción y la violencia provocada por el narcotráfico que se beneficia con la comercialización de la marihuana, y ayude la atención a la salud de los consumidores, debe tener un enfoque integral.

Juárez Piña respaldó los argumentos planteados por organizaciones como México Unido contra la Delincuencia (MUCD) y Movimiento Cannabico Mexicano, que reprueban lo aprobado en el Senado de la República.

Dijo que el MUCD plantea que “la ley aprobada habilita un mercado que permite a las empresas producir y comercializar cannabis, pero que penaliza y vigila a quien la va a consumir. Bajo este esquema, México sería el primer país en crear una regulación para el uso adulto del cannabis y a la vez, continúa la prohibición. Se mantiene la criminalización de las personas usuarias permitiendo que éstas sean perseguidas penal y administrativamente, y enfrenten castigos con cárcel y multas de hasta 10 mil pesos”.

Por su parte, integrantes del Movimiento Cannabico Mexicano denuncian que lo aprobado no cumple con lo estipulado por la SCJN sobre libertad de cultivo.

Es por ello que la legisladora, quien desde junio de 2019 presentó en la Cámara de Diputados una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal (para despenalizar el consumo del cannabis), dijo que la minuta que envíe el Senado deberá ser revisada a fondo por las diputadas y los diputados federales.

Reiteró que el enfoque prohibicionista respecto al consumo de estupefacientes que México ha adoptado, y que prevalece en la ley aprobada, “ha sido un fracaso rotundo y evidente, que ha causado muchísimos más daños a la salud, a la seguridad y a la paz social, que los que quiso corregir.”