La coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD, Verónica Juárez Piña, demandó al Gobierno Federal y sus aliados rectificar la conducción del país y dejar de lado sus afanes político-electorales, a fin de evitarle mayores desgracias a la población, en particular la de más pobreza y vulnerabilidad.

En un comunicado, responsabilizó a “la incapaz” administración federal y a su mayoría artificial sometida en el Congreso de agravar la crisis económica y sanitaria nacional, que aún podría ser peor debido a la profunda recesión que vivimos si no se cambia de rumbo y adoptan otras medidas.

Al presentar su Segundo Informe de Actividades Legislativas, la diputada indicó que presentó 205 iniciativas de reforma legislativa y 224 proposiciones de puntos de acuerdo, de las que 29 y 36, respectivamente, fueron aprobadas.

Sin embargo, pese a estos esfuerzos que procuran un mejor marco jurídico para el país y en llamadas de atención al Gobierno Federal sobre sus errores y omisiones, la situación no mejora; empeora porque esta administración “ha respondido con la negación, el conjuro, el pensamiento mágico, el desprecio a medidas de prevención, recortes presupuestales en plena crisis, falta de innovación en el proyecto económico y, en general, una política errada que sólo apoyan sus incondicionales en el Congreso”.

De las 25 iniciativas que envió el Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados, 20 se aprobaron, de manera “incluso atropellada, violando los derechos de las minorías y el proceso parlamentario, por esa mayoría sometida”.

Juárez Piña exigió al Gobierno Federal un cambio de la política económica y social, sobre todo un cambio de modelo de desarrollo cuya directriz sea el respeto a los Derechos Humanos. Debe reponer los recursos para la defensa y protección de éstos, de víctimas, de búsqueda de personas, salvaguarda de periodistas, prevención y atención de la violencia contra las mujeres, todos ellos afectados por la extinción de fideicomisos.

La nueva política económica y social, agregó, debe contemplar apoyos fiscales para micro, pequeñas y medianas empresas, ingreso vital mínimo de emergencia para quienes perdieron su fuente de ingresos, y la continuación de programas para la igualdad entre mujeres y hombres y contra la violencia de género, y de los destinados a niñez, medio ambiente, educación, ciencia, cultura y tecnología.

Para el tercer y último año de esta Legislatura, se pronunció por revisar diversas normas e instituciones hoy rebasadas por la emergencia sanitaria, a fin de poner de pie al aparato productivo y recuperar los empleos perdidos.

Para ello, entre otros factores, se requerirá además un nuevo marco jurídico para el federalismo que incluya la redefinición del Pacto Fiscal con los estados y municipios y una legislación presupuestal que permita el ajuste de ingresos y egresos ante contingencias mayúsculas, protección a trabajadores formales e informales, creación de un seguro de desempleo, el funcionamiento remoto de centros de trabajo y del gobierno, revisión del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y de todas las instituciones de salud rebasadas por esta contingencia.

Advirtió que, más allá de esta Legislatura, los comicios del próximo año serán cruciales para el logro de los objetivos mencionados.