El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPRD) en la Cámara de Diputados exigió convocar a reunión de comisiones unidas, a los secretarios de Energía y de Hacienda, Rocío Nahle y Arturo Herrera, respectivamente; así como al titular de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett para que expliquen el objetivo real de las reformas a la Ley de Industria Eléctrica enviadas con carácter “preferente” por el Ejecutivo Federal a este recinto.

Antonio Ortega Martínez, secretario de la Comisión de Hacienda aseguró que, lo que en realidad buscan, es encubrir la quiebra técnica de la llamada: “empresa de clase mundial” que en este 2021, deberá cubrir adeudos por más de 130 mil 600 millones de pesos que no ha recaudado porque no ha sido eficiente. “El 90 por ciento de los municipios le deben y sería interesante conocer cuánto le adeudan estados y otras entidades (aunque de nada serviría si se mira hacia Tabasco -de donde es originario el Presidente- al cual apenas condonó adeudos históricos por 11 mil millones de pesos)”.

En este contexto, el integrante del GPPRD señaló que la “iniciativa preferente” violenta disposiciones de nuestra Carta Magna relacionadas con la reforma energética, la competencia económica, tratados comerciales y acuerdos internacionales como el de París sobre Cambio Climático, por lo que consideró que el texto debiera ser discutido no solo por las comisiones de Energía; Presupuesto y Cuenta Pública, y de Economía, Comercio y Competitividad (a las que fue turnada este miércoles), sino también por las de Puntos Constitucionales; Relaciones Exteriores; Medio Ambiente e, incluso, Hacienda.

Además, el también integrante de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, adelantó que será necesario discutir en la reunión de comisiones unidas (prevista para la próxima semana), la situación que priva en la nucleoeléctrica de Laguna Verde, ya que –de acuerdo con información difundida en medios nacionales e internacionales (El País)- existen reportes de que, en lo que va del año, se registran apagones, retrasos en la recarga de uranio y errores humanos que mantienen a dicha planta,en un “paro técnico”, lo cual generará serios problemas si se considera que en ella se produce el 4 por ciento de la capacidad eléctrica instalada y un 2 por ciento de la generación total nacional.

Indicó que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se empecina en salvar a una empresa prácticamente en quiebra y de la que muchas veces se dijo que “no es posible seguir metiendo dinero a un barril sin fondo” cuando se le inyectaron más de 35 mil millones de pesos vía subsidios (entre los meses de enero a mayo del año pasado), a sabiendas de que sufrió pérdidas que rebasaron los 273 mil millones de pesos en 2019.

“Por eso es su urgencia de hacer cambios a la ley y dar vuelta a las sentencias del Poder Judicial y la Suprema Corte en materia energética (Amparos, suspensiones y resoluciones que invalidaron los decretos la secretaria Rocío Nahle contra las energías limpias, y que pretendió cambiar el orden con el que se despachan las centrales de generación).

La propuesta que AMLO hace, detalló el perredista, es volver a comprar electricidad a la CFE; pero a mayor costo generando un incremento de precios a los consumidores y reduciendo nuestra competitividad global.

Sin embargo, recalcó, López Obrador no está tomando en cuenta que, al cambiar las reglas en materia energética, pone en riesgo inversiones y generación de empleos porque se frena la participación de compañías de energías limpias. Esto, en lugar de ayudar al país, lo pondrá en una situación más comprometida de lo que se encuentra por el tema de la pandemia, con mayor rezago, inseguridad y violencia, alertó.

Finalmente, Antonio Ortega enfatizó que, por lo que respecta al PRD, no se avalarán estos cambios que representan el regreso del monopolio de la generación de la energía eléctrica con la Comisión Federal de Electricidad, excluyendo la participación del capital privado nacional e internacional y esto derivará en conflictos y sanciones económicas que el país no está en condiciones de saldar; pero sobre todo, atenta contra los intereses y bolsillos a la población que, de por sí, está afectada por la falta de alternativas laborales y de ingresos.