Durante el Parlamento Abierto “Análisis de las Diversas Iniciativas que Reforman y Adicionan Artículos de la Ley General para el Control del Tabaco”, especialistas, empresarios, académicos, economistas y representantes de la sociedad civil, externaron sus comentarios en relación a las modificaciones en esta materia. 

En el evento, organizado por la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, su presidente, el diputado Fernando Galindo Favela (PRI), afirmó que es responsabilidad de las y los legisladores analizar la iniciativa exhaustivamente y escuchar los aspectos positivos y negativos para que “podamos, en su caso, aprobar, perfeccionar o desechar la propuesta.” 

Sostuvo que la salud es un derecho fundamental de todos los mexicanos, “pero cualquier cambio legislativo también debe sopesar las consecuencias económicas y las afectaciones en el empleo, porque hoy estamos en medio de la peor crisis económica de la historia y se vislumbra una recuperación lenta en los bolsillos de las familias”. 

Afirmó que el único interés de los integrantes de la Comisión es velar por la salud de las familias mexicanas y también por la calidad de vida y su desarrollo económico, y “que haya generación de empleos en nuestro país, que siempre busquemos el mayor bienestar posible para los mexicanos”. 

Por ello, dijo, el análisis de esta iniciativa se debe realizar en dos aspectos fundamentales: los efectos en la salud y las consecuencias económicas de las medidas que se tengan que considerar. “Estas son las razones por la cual la Comisión de Economía hizo esta convocatoria al parlamento abierto; escuchar a los académicos, la sociedad civil, especialistas, doctores, economistas, empresarios, siempre va a ser enriquecedor y facilitará la toma de decisiones”.    

El diputado Éctor Jaime Ramírez Barba (PAN) pidió a los expositores que proporcionen los datos duros y la fuente, “porque si no nos quedamos encerrados como diputados entre los dichos de uno y los dichos de otros; creo que si nos dan de manera puntual cuál es la fuente podríamos tomar otro tipo de decisiones para saber con hechos y no con ocurrencias lo que en ocasiones escuchamos de otros actores”. 

La diputada del PAN, Ma. de los Ángeles Ayala Díaz, pidió que la industria, especialistas y productores presenten una contrapropuesta a esta iniciativa en caso de que este proyecto siga su ruta legislativa, donde se incluyan planteamientos para apoyar los empleos formales, combatir la piratería y el contrabando de productos que no tienen la calidad y son de alto riesgo para la salud de los consumidores.

En tanto, el diputado Francisco Javier Guzmán De La Torre (Morena) consideró que la iniciativa es “más prohibitiva que regulatoria”. Precisó que prohibir la exhibición de productos no es una solución viable para informar sobre los riesgos que implican el abuso. Estimó que esta medida tiene tres condicionantes: un impacto negativo en la cadena productiva del tabaco, incremento de economías ilegales e informarles y una contracción de la economía del tabaco afectando a productores del campo, comercializadores y empleados de la industria.     

El diputado Jesús Gerardo Puentes Balderas (PT) expresó que él es un proactivista de estos ejercicios legislativos abiertos a la ciudadanía, escuchar y tomar toda la experiencia y todas sus propuestas en un documento que se plasme realmente en una legislación que sea integral y evite tener incongruencias y lagunas como suele suceder. 

El diputado Pedro Pablo Treviño Villarreal (PRI) dijo que se debe ser analíticos en el tema y estudiar lo realizado en otras naciones, a fin de lograr una regulación que permita disminuir el consumo del tabaco, sin afectar a la industria tabacalera, la cual se ha visto afectada por la desaceleración económica causada por la pandemia. 

Especialistas, empresarios y sociedad civil  

Sergio Roberto Huerta Patoni, director general de Legislación y Consulta de la Secretaría de Economía, consideró que se debe cuidar que las regulaciones que se emitan sean compatibles con los tratados internacionales en materia económica que México ha suscrito; es decir, evitar implementar obstáculos innecesarios al comercio o discriminación entre productos similares.     

El presidente de Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, Cuauhtémoc Rivera, manifestó su total rechazo a la iniciativa porque afecta grandemente las ventas. También, dijo, provocaría inseguridad al pequeño comerciante al prohibirle la exhibición de los productos y lo haría blanco de la delincuencia.  

El presidente de Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, A.C, Vicente Yañez Solloa, comentó que la prohibición de exhibir cigarros únicamente fomentará la informalidad, lo cual no constituye una medida efectiva para reducir su consumo y se contribuiría a un mayor crecimiento del mercado ilegal. Se manifestó en contra de cualquier política que provoque un incremento de la ilegalidad e informalidad y afecte la libre competencia.  

El presidente de la Cámara de Comercio de la Ciudad de México, Nathan Poplawsky Berry, manifestó que de aprobarse las reformas planteadas, lejos de avanzar en la disminución del consumo lo que se estará promoviendo es el comercio ilegal, contrabando y la piratería, donde no cumplen con las disposiciones legales que los comerciantes legales están obligados. Además, se debe tomar en cuenta que de cada cigarro se recaba casi 50 centavos por concepto del IEPS, lo cual equivale a cerca de 44 mil millones de pesos.

El vicepresidente de Economía Formal de Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, Rafael Nieto Tostado, consideró que esta iniciativa lleva a igualar al comercio formal con el informal, además se dejaría de recaudar ingresos importantes; por ello, pidió detener esta propuesta legislativa.

Laura Collada, directora general de Dumont, planteó que la iniciativa vulnera disposiciones consagradas en tratados internacionales, en la Constitución y en otras leyes como la referente a los derechos a la propiedad privada. Agregó que el etiquetado neutro incrementará el contrabando y la piratería, el cual, de acuerdo con datos de la Concamin en 2019, 17 de cada cien cigarros eran ilegales.

El presidente del Comité de Derechos de Propiedad Intelectual de la American Chamber of Commerce of México, Víctor Ramírez Landeros, destacó que prohibir la exhibición permitirá el crecimiento del mercado ilegal que, de acuerdo con información de la Cofrepris, está integrado por más de 260 marcas ilegales que producen 7 mil 200 millones de cigarros al año y afectaría a las marcas establecidas, al consumidor y los establecimientos. 

Elías Ramírez Renero, director jurídico de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados, pidió que en el texto de la reforma se aclare que los restaurantes no sean considerados como lugares de trabajo, ya que de lo contrario afectaría a estos lugares y existiría la posibilidad de que la autoridad les impida que se fumara en estos espacios al aire libre.     

El vicepresidente nacional de Enlace Legislativo de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, Raúl Riquelme Cacho, señaló que el empaquetado genérico atenta directamente contra la propiedad intelectual de la industria legalmente establecida y facilita la fabricación de cigarros ilegales. La iniciativa afecta gravemente a los productores y por el aumento del mercado negro se dejará a más de 25 mil familias de jornaleros sin una fuente de subsistencia.  

La vicepresidenta de Enlace Legislativo del Consejo Nacional Agropecuario, Marcela Martínez Pichardo, señaló que actualmente se siembra tabaco en tres estados, con casi 8 mil hectáreas, una producción anual de alrededor de 20.5 millones de hojas de tabaco y más de 19 mil personas que ven a este cultivo como su única fuente de ingresos. “Las iniciativas prohibitivas afectan directamente al campo mexicano al disminuir la cantidad de hectáreas plantadas”.  

Alejandro Turrent, presidente de la Asociación Mexicana de Fabricantes de Puros, comentó que esta reforma sería de un gran impacto negativo para la industria y en el caso de la industria que representaría se afectaría a cerca de tres mil empleos directos.

Rodolfo Coronado Montaño, representante de los productores de Tabasco de Nayarit, indicó que la propuesta que se analiza afectaría a cerca de 15 mil productores y jornaleros de la región, por lo que pidió a las y los legisladores que no se apruebe esta iniciativa, sino que se busquen alternativas equilibradas entre el ámbito de la salud y el desarrollo del campo.

Rodolfo Consuegra, representante de la Asociación Mexicana de Puros, refirió que esta iniciativa tiene disposiciones ambiguas e ilegales; afectaría a los productores y además es una pésima señal al comercio legal en el país.

Tomás O’Gorman, secretario de Pro-Vapeo México A.C, subrayó que el vaporizador no contiene tabaco y los riesgos que su consumo representa son significativamente menores que los del cigarro convencional, por ello tampoco debe ser regulado con las mismas restricciones que el cigarro combustible; hacerlo, resulta en una violación al principio de proporcionalidad. 

Edgar Anayner Cano Campillo, empresario de la industria del Vapeo, dijo que “hablar de una prohibición es ridículo, pues pasaremos a las arcas de la delincuencia organizada, seremos sujetos de amenazas por quien quiera dominar un mercado prohibido”. Estimó que es prioridad para los consumidores y los empresarios de esta industria una regulación justa que ayude al fumador a tener una mejor opción.  

La investigadora del Departamento de Biotecnología y Bioingeniería del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV), Lizeth Pérez Leal, se pronunció por regular el vapeo, porque las personas deben consumir productos legales y evitar el mercado ilegal.

El investigador del Instituto Nacional de Salud Pública, Inti Barrientos Gutiérrez, opinó que el empaque neutro no haría que las marcas desaparecieran; solo haría menos atractivo este producto para los adolescentes.

La asesora regional, Control del Tabaco, de la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud, Rosa Carolina Sandoval, detalló que las naciones que han aplicado medidas respecto a la prohibición completa de la publicidad no han presentado caídas en el empleo ni en su comercio.

Luz Myriam Reynales, jefa Departamento de Investigación sobre Tabaco del Instituto Nacional de Salud, apuntó que cada año ocurren 63 mil muertes atribuidas al tabaco, por lo que si se retira el factor de riesgo se evitaría estos fallecimientos y significarían ahorros en el sector salud, el cual ejerce 116 mil 150 millones anualmente para atender los padecimientos relacionados a su consumo.

Rogelio Pérez Padilla, director de la clínica para dejar de fumar del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, mencionó que las principales enfermedades que se ven en este instituto tienen que ver con fumar; por lo que resaltó la importancia de reducir el tabaquismo. Consideró que México se ha ido rezagando en las medidas para controlar el tabaquismo y expresó su acuerdo con la actualización de la ley. 

Erick Antonio Ochoa, director de Salud Justa y representante del Comité Interinstitucional de Lucha contra el Tabaquismo, resaltó que es muy importante la iniciativa que se tiene y que podría evitar que cada año mexicanas y mexicanos puedan morir por enfermedades relacionadas al consumo del tabaco.   

En el evento también participaron Luis Felipe Gamboa Vadillo, activista en Pro del vapeo; Fabio Arturo Calderón Chen, usuario de dispositivos alternos de suministro de nicotina y Javier Fernández Sánchez, usuario de vaporizadores; Belén Sáenz de Miera, profesora-investigadora en la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS) y Roberto Allan Sussman Livovsky, académico e investigador del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM.