La senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso propuso establecer una tarifa social, “tarifa del bienestar”, para beneficiar a las familias mexicanas que por su condición socioeconómica o por las condiciones del medio ambiente en el que tienen su domicilio, incrementan su consumo y no están en posibilidades de cubrir el monto.

Al fundamentar una iniciativa que pretende reformar los artículos 3, 113, 138, 139 y 140 de la Ley de la Industria Eléctrica, la integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo explicó que lo que se busca es que el Estado mejore el acceso a este recurso que regulado por un régimen especial de derecho público y con subsidios de oferta para los sectores de menores recursos económicos.

“Establecer una verdadera política social sobre el uso de la energía eléctrica no es generalizar el subsidio, sino equilibrar su gasto y costo en función de que llegue a las comunidades más vulnerables de forma gratuita”, puntualizó.

Cora Pinedo informó que la energía eléctrica es un bien indispensable y 99% de las viviendas habitadas del país tienen electricidad. Y de estas, el 0.25% utilizan como fuente alternativa la energía solar.

Explicó que el consumo de energía en el sector residencial se integra por aquellas
actividades de uso final realizadas en todas las viviendas del país. “Los principales usos son calentamiento de agua, cocción de alimentos, calefacción y enfriamiento de espacio, iluminación, refrigeración y uso de equipos electrodomésticos”.

Y agregó que el consumo de energía eléctrica sigue un patrón muy similar al del consumo de agua: en algunos de los estados con el mayor nivel de desarrollo humano es donde existe mayor consumo de energía eléctrica; así como en los estados del norte, con clima seco y cálido y con mayor uso de climas artificiales.

La legisladora por Nayarit lamentó que derivado de la pandemia por Covid-19, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) cortó el suministro de luz a más de 4 millones de hogares, a pesar de que en junio pasado el director de esta dependencia, Manuel Bartlett Díaz aseguró que no habría cortes para no afectar más a las familias en crisis económica.

“Los datos brindados vía transparencia confirman, por ejemplo, que en el estado de Jalisco, se dispararon los pagos por reconexión: entre abril y octubre, más de 285 mil 782 jaliscienses pagaron por la reconexión porque les cortaron la energía eléctrica. A nivel nacional, han sido más de cuatro millones, los que han recurrido a la reconexión”, detalló.

Cora Cecilia Pinedo, aseveró que la situación actual ya es de por si demasiado grave pues existen más de 500 mil viviendas sin electricidad, principalmente en comunidades indígenas y rurales; por lo que resulta fundamental establecer un marco regulatorio que permita a toda persona tener acceso a este servicio de manera suficiente, equitativa y sustentable.

Más allá de otras actuaciones públicas, el reconocimiento de un derecho universal a la energía nos sitúa en el compromiso político de regular el mercado eléctrico para que sus precios finales sean acordes a la capacidad de pago de la mayoría de los habitantes y no sólo el de procurar medidas paliativas de bonificación de precios.

“La crisis que hemos enfrentado nos coloca ante una necesidad urgente de conocer los patrones de consumo energético de las viviendas en México y por región con el fin de identificar el consumo energético aproximado, las horas de uso por aparato doméstico, el tipo de combustible utilizado, el nivel de pobreza energética real, así como las costumbres y prácticas del uso de la energía, lo que permitirá sustentar las decisiones para crear políticas públicas y el impulso”, concluyó.

La iniciativa fue turnada a las comisiones unidas de Energía y de Estudios Legislativos, Segunda, para su análisis y posterior dictamen.

Puedes consultar el documento completo en el siguiente enlace:

https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/115433