Francisco Garfias

El presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, ha mantenido un ominoso silencio sobre la ampliación de dos años a su mandato. Sabe que el albazo que dieron Morena y sus rémoras en el Senado para que se quede hasta el 2024 —se iba en 2022— viola el artículo 97 de la Constitución.

Y, sin embargo, ha hecho oídos sordos al emplazamiento de juristas destacados, opositores, académicos, constitucionalistas, para que se deslinde de la burda maniobra.

Erandi Bermúdez, coordinador interino de la bancada del PAN en el Senado, lo expresó así:

“Estamos a la expectativa de que Arturo Zaldívar salga a decir que rechaza la ampliación de su mandato al frente de la Suprema Corte de Justicia por ser inconstitucional”.

La única reacción hasta ahora es un tibio comunicado del Consejo de la Judicatura —también presidida por Zaldívar—, en el que se afirma que el transitorio que lo deja hasta el 24 no fue propuesta del Poder Judicial.

El PAN ya anunció que presentará una acción de inconstitucionalidad si la Cámara de Diputados aprueba la minuta para ampliar el mandato del presidente de la Corte.

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A AMLO no le importó que la ampliación del periodo de Zaldívar violara la Carta Magna. La apoya abiertamente, sin rubor. “Le tengo confianza al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo considero un hombre íntegro, una gente honesta y pienso que, si se amplía el plazo con el propósito de que él encabece la reforma al Poder Judicial, estoy de acuerdo”, dijo en la mañanera.

No hay motivos para extrañarse. El jefe del Ejecutivo es un hombre que tiene arraigado el concepto de que las leyes son un arma de los ricos para dominar a los pobres.

El silencio de Zaldívar y el apoyo del Presidente hacen válida la sospecha de que fue un albazo concertado. Usaron al senador del PVEM, Raúl Bolaños, para presentar esa reserva que deja muy mal parado al Senado de la República.

Ya lo decía la panista Xóchitl Gálvez en la tribuna de la Cámara alta: “No quiero imaginar que el Presidente de la Corte no estaba enterado de lo que pasó. Cuando menos debía llamar la atención a los legisladores para que no le den un regalo envenenado”.

Hasta los de casa están sorprendidos. Bernardo Bátiz, consejero de la Judicatura; exprocurador capitalino cuando AMLO fue jefe de Gobierno, dice que no entiende bien cuál es el objetivo del transitorio aprobado.

“No estoy de acuerdo, entre otras cosas, porque la Constitución establece algo diferente en su artículo 97”, le dijo a Aristegui Noticias.

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Tenemos el último reporte sobre México del Grupo Eurasia, que se dedica a detectar riesgos para los inversionistas en todo el mundo. A partir de los comentarios recientes del Presidente y su equipo económico, los consultores del grupo estiman que la reforma fiscal que se presentará después de las elecciones de junio, no incluirá aumentos importantes a los impuestos ni resultará en un aumento significativo de los ingresos públicos.

“La administración mantendrá su actual estrategia de austeridad fiscal agresiva sobre empresas y sectores específicos, aunque podrían incluirse nuevos impuestos”, dice.

Pero advierte que, si surgen restricciones financieras más estrictas, el Presidente puede ser más receptivo a un alza de impuestos, para no tener que abandonar la prudencia fiscal o los proyectos de infraestructura. Eurasia considera que la reforma anunciada afectará —vía recortes— a  los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y a órganos autónomos.

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De Baja California nos llega el reporte de que el gobernador Jaime Bonilla, después del numerito de la expropiación del Club de Golf en Tijuana, quiere hacer lo mismo con el Hipódromo de Tijuana.

Ese hipódromo es propiedad del empresario Jorge Hank Rohn, candidato del PES al gobierno del estado.

“Esto es parte de la guerra directa y declarada contra Hank, a quien considera el principal contendiente de su protegida Marina del Pilar Ávila, candidata de Morena”, aseguran en el equipo del empresario.

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No me queda de otra más que exponerlo. Van tres veces que me comunico a Telmex para reportar cargos indebidos en el recibo mensual. No ha habido éxito. Tengo una línea contratada por 499 pesos mensuales. En el último recibo me apareció un cargo por 696 pesos. Facturaban 197 pesos más por “Servicios especiales”  (Claro Video).

No tengo y nunca he tenido ese servicio. En servicio a clientes me dijeron que en un máximo de 72 horas se resolvía. Pasado el lapso revisé en la aplicación de Telmex. ¡Sorpresa! Ya había subido a ¡2,086 pesos! Prometieron corregirlo  en cuatro horas. Pasaron 48 horas. Los cargos indebidos seguían allí. ¿Cuántos no estarán como yo?

Y luego les cuento una historia de cómo se las gastan en la aseguradora HDI cuando hay que pagar daños a terceros.

Publicado en Excelsior