Con el voto de Morena, sus aliados y algunos legisladores del PAN, el pleno del Senado de la República aprobó la expedición de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, a través de la cual se establece que ningún servidor público reciba remuneración por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida para el Presidente de la República.

El decreto se turnó al Ejecutivo Federal para su promulgación en el Diario Oficial de la Federación.

Al funcionario que violente esta ley recibiendo una percepción de mil veces superior al Valor de la Unidad y Actualización (UMA), es decir, 89 mil 620 pesos, se le impondrá la destitución e inhabilitación de cuatro años a 14 años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión y procederá el resarcimiento del daño o perjuicio causado a la hacienda pública federal.

De acuerdo con la norma aprobada por Morena, aliados y el PAN, se establece que ningún servidor público podrá tener una remuneración igual o mayor que su superior jerárquico.

Durante la sesión a distancia, la senadora de Morena, Bertha Caraveo, destacó que esta ley forma parte de la política de austeridad y ahorro en la función pública.

“Lo digo fuerte y claro, y sobre todo, lo digo dirigida al Instituto Nacional Electoral, y a todos aquellos funcionarios que se creen jeques árabes y viven del erario. Ya no hay escusas señor Ciro Muyarama, ya no hay escusas Lorenzo Córdova. Es momento de que asumamos la responsabilidad histórica de lograr un acuerdo que de más resultados con menos recursos públicos”, subrayó en tribuna.

Al manifestar su voto en contra, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, consideró que con esta reforma nuevamente se viola el principio de equilibrio de poderes en el país.

“Con apego a la declaratoria de inconstitucional, en esta nueva ley se debieron regular las remuneraciones de los servidores públicos de la administración pública federal, pero no las de los otros poderes y organismos autónomos. Una vez más se están invadiendo las esferas de autonomía e independencia de los otros poderes de la unión y lo más lamentable es que este poder legislativo se preste a acompañar el titular del Ejecutivo federal para imponer una norma inconstitucional”, destacó.

La senadora del PRI, Beatriz Paredes, consideró que no se pueden comparar las funciones ni responsabilidades entre los poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo.

“Por eso creo, que con este argumento que todos compartimos sobre todo la ciudadanía, sobre todo, el pueblo de México de carácter ético hemos pretendido confundir una discusión. Esta es una discusión que tiene que ver en cómo podemos construir una administración pública profesional, eficaz y justamente remunerada. La remuneración justa que corresponda a la profesionalización y capacidad de funcionarios”, mencionó.

La oposición lamentó que esta nueva legislación no contemple excepciones para aquellos puestos de alta especialización; por lo que pidieron tomar en cuenta el perfil técnico para cargos estratégicos en el gobierno de México.

La senadora del PRI, Claudia Ruiz Massieu, expresó que las remuneraciones no deben regirse por “una cifra caprichosa, predeterminada arbitrariamente”; ante lo cual, demandó que las remuneraciones estén determinadas por cuestiones técnicas.

El coordinador de los senadores del PRD, Miguel Ángel Mancera, advirtió que estas reformas volverán a ser consideradas inconstitucionalidades por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).