Francisco Garfias

Aguililla es un pueblo de Michoacán abandonado por el Estado. Allí impera la ley del narco. Hay un cuartel militar, pero con soldados maniatados con instrucciones de no usar su poder de fuego. Hay, también, una población aislada por los bloqueos carreteros del crimen organizado, irritada por el pasmo de los tres niveles de gobierno frente a la violencia de los cárteles y con un párroco valiente, Gilberto Guevara, convertido en el vocero de sus angustias y dolores.

Dos cárteles de la droga se disputan ese territorio por donde transitan precursores químicos para elaborar fentanilo y drogas sintéticas como  el éxtasis, LSD y las metanfetaminas: los Cárteles Unidos, surgidos de grupos de autodefensa, y el temible Cártel de Jalisco Nueva Generación.

Buscamos en su celular al padre Vergara para escuchar su punto de vista sobre el calvario que se vive en Aguililla. Pasó algo extraño. Tres veces se nos cortó la llamada. ¿Mala señal? Es pregunta.

El párroco fue muy crítico con la política de seguridad del gobierno federal: “La propuesta del gobierno se reduce a hacer programas sociales. Le apuestan a que si hay mejores condiciones sociales, la paz llega solita. Yo estoy de acuerdo con las políticas sociales del gobierno, pero eso sólo aplica en un Estado de derecho donde hay garantías sociales.

“Donde no las tienes y hay un Estado frágil, donde tienes un dominio contundente del crimen organizado, que es el que dicta toda la vida, eso es poco práctico. Imposible.

“Que los programas sociales te garanticen la paz es poco práctico. No se puede obtener la paz así. Aquí no, aquí se trata de un rescate. Eso no aplica para nosotros. No que no sea cierto. En otros lados sí funcionará, no sé dónde, pero no aquí. Vivimos en un Estado de excepción, en una ausencia de derecho, en una situación que rebasa cualquier cosa”.

—¿Y si le digo “abrazos no balazos” para Aguililla?

—No nos funciona. No nos resuelve el problema. Nosotros somos gente de paz, queremos paz, pero hay situaciones que ya nos rebasaron. Esa recomendación, para nosotros población, sale sobrando. Más bien debería imponerse a personas que tienen armas en sus manos. Que nos digan a nosotros que no demos balazos, pues no, porque no tenemos armas. No nos toca.

—¿Debería haber una política de seguridad de brazo firme? —insistimos—.

—Es lo que todos esperábamos, el Estado es el garante de orden, debe poner orden. Tiene que saber cómo, buscar la manera. Ya vimos estrategias fallidas desde Felipe Calderón para acá. Ha habido varios intentos y no hay resultados. Yo digo que la experiencia tendría que decirnos que eso no dio resultados, que hay que buscar otra estrategia más eficaz.

“El Ejército tiene que hacer lo que sabe hacer. Prácticamente está maniatado ante una situación así. Es la fuerza del Estado. No se trata de declararle la guerra a nadie. Eso ya vimos que no funcionó. Estamos en una situación tan frágil que en cualquier momento se desborda”, advirtió.

La charla comenzó con el tema del reciente rompimiento de la segunda mesa de diálogo entre los pobladores y el gobierno federal. ¿Qué paso?, preguntamos al párroco.

El gobierno federal no cumplió con el compromiso de garantizar la seguridad ni el libre tránsito en las carreteras, sintetizó. “Sabiendo que hay más soldados —son el doble de los que inicialmente había— se les pedía que salieran a abrir el camino. Ante la negativa de los soldados empezó esa especie de confrontación”, nos dijo.

*La priista Dulce María Sauri, presidenta de la Cámara de Diputados, se puso con Sansón a las patadas. Avaló el nombramiento de Rogelio Ramírez de la O como secretario de Hacienda, sin la ratificación del pleno de la Cámara baja.

Citó el artículo 89 de la Constitución, que habla de las facultades del Presidente para hacer valer su posición.

Eso le valió que el exministro de la SCJN, José Ramón Cossío, la corrigiera públicamente en Twitter:

“Para quienes han manifestado sus dudas, lo establecido en el artículo 89, fracción segunda, de la Constitución, aplica a los secretarios de Estado que no requieren ratificación y a los empleados superiores de Hacienda y de Relaciones. El secretario de Hacienda no tiene este último carácter”.

Verificamos en la Constitución y, efectivamente, es como dice Cossío.

*Hace meses leí el libro El infierno en doce pasos (Cangrejo Editores), del escritor Raúl Rodríguez. Fue como un viaje a las entrañas del mundo de las adicciones, un retrato de vidas marcadas por el caos.

Es una crónica novelada a partir de hechos reales ocurridos en la CDMX, que el autor conoció durante su labor social en el reclusorio de Santa Martha Acatitla. Nos escribió ayer para contarnos que ya se lanzó la segunda edición de su libro. Enhorabuena.

Publicado en excelsior