Las comisiones unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda, que presiden las senadoras Mónica Fernández Balboa y Ana Lilia Rivera Rivera, respectivamente, aprobaron en lo general un dictamen que tiene por objeto adicionar como mecanismo de enajenación de bienes públicos, el sorteo. 

La propuesta, que envió la Cámara de Diputados, busca reformar la Ley General de Bienes Nacionales y la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, favorecería al Estado, al permitirle obtener de la enajenación de un bien, una ganancia incluso superior a la que se podría conseguir en las mejores condiciones de mercado. 

En su momento, la colegisladora argumentó que este mecanismo también permitiría afianzar el fortalecimiento de la Lotería Nacional, al hacer más atractivos sus sorteos con la inclusión distintos bienes que le sean transferidos o depositados para efectos de enajenación. 

De esta forma, destacó, podrían ser sorteados, por sus características o por las condiciones de mercado, bienes que no han podido ser enajenados. 

Además, el potencial que tienen los sorteos es sumamente conveniente, pues no solo se lograría obtener un sobreprecio previamente calculable, sino que además se garantizaría que no quede desierto ningún proceso, lo que evitaría los costos de mantener en propiedad del Estado bienes ociosos. 

Por ello, la Comisión de Gobernación del Senado aprobó esta minuta, en lo general, con 11 votos a favor y dos en contra; mientras que la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, lo avaló con siete votos a favor y uno en contra. Las y los integrantes de estos órganos legislativos acordaron que las reservas al dictamen se discutan ante el Pleno del Senado. 

Al respecto, la senadora Rocío Adriana Abreu Artiñano, de Morena, dijo que la propuesta busca que el Estado pueda obtener recursos para sustentar las necesidades nacionales, sobre todo, en el contexto de la crisis generada por la pandemia. 

Refirió que con el Paquete Económico que recibió el Congreso se busca la forma de no aumentar impuestos, sino al contrario, eficientar el gasto y buscar esquemas, como el que se presenta a través de este dictamen, para obtener recursos que sean destinados para programas sociales que beneficien a las y los mexicanos. 

En su oportunidad, el senador Damián Zepeda Vidales dijo que debe establecerse un procedimiento claro para llevar a cabo este tipo de esquemas, “porque no tengo problema que se utilice el método de los sorteos, pero cómo se va a sortear, no lo dice la ley”.  

El legislador de Acción Nacional indicó que parece que el gobierno utiliza este método “como un mecanismo mediático, son un pan y circo, lo han estado utilizando mal”.  

Por Movimiento Ciudadano, el senador Noé Castañón asentó que es necesario dotar de certeza, legalidad y certidumbre al esquema que representa el sorteo, porque a pesar de que la Ley de Enajenación de Bienes tiene un capítulo específico para ponerle las reglas a cada una de las figuras de licitación, subasta o remate, no se crea una para dicho esquema. 

Es necesario implementar una metodología de acción o un glosario de definiciones para establecer cómo se va a organizar y quién lo va a llevar a cabo, porque sólo existe un acuerdo entre el Instituto par Devolverle al Pueblo lo Robado y la Lotería Nacional, pero no hay una reglamentación, acotó. 

Posteriormente, a nombre de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Alejandro Ibarra Hernández presentó el tema “Desplazamiento forzado interno”, quien aseguró que es urgente expedir una ley que dote al Estado de la capacidad de atender este problema de manera coordinada. 

Se trata de un fenómeno creciente que impacta la vida, los derechos humanos y afecta principalmente a personas en situación de pobreza y vulnerabilidad, aseguró. 

En este sentido, precisó que el Consejo Nacional de Población integra un diagnóstico sobre el desplazamiento forzado interno, el cual señala que 262 mil personas migraron por inseguridad delictiva o violencia en los últimos cinco años, de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 

Por ello, en el marco del análisis de la minuta que propone expedir la Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno, destacó la necesidad de plasmar en dicho proyecto el respeto a los derechos de las víctimas de este fenómeno, los deberes del Estado, las acciones de prevención, control y combate, así como las sanciones para quienes la incumplan.