A efecto de reconocer a la comunidad sorda como una minoría lingüística que, posee identidad y cultura propias, el Pleno del Senado aprobó reformar la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.  

Con ello, se busca diseñar una visión incluyente de dicha comunidad y mejorar sus condiciones de vida. En este sentido, se establece que la Secretaría de Salud deberá promover la formación e incorporación de personal médico capacitado en el uso de la Lengua de Señas Mexicana. 

La Secretaría de Educación Pública, en tanto, tendrá que impulsar el desarrollo de un modelo de educación bilingüe entre la Lengua de Señas Mexicana, el Español y las Lenguas Indígenas, de acuerdo al contexto cultural. 

Las y los senadores expresaron que los derechos a la salud y a la educación, no pueden ejercerse si las entidades que encabezan ambos sectores no promueven la formación de personal apto para comunicarse con las personas sordas. 

Por tal motivo, las reformas plantean que las personas de dicha comunidad podrán elegir la forma de comunicación y lengua que mejor convenga a sus intereses, por lo que todas las autoridades tienen la responsabilidad de proteger, promover, respetar y garantizar este derecho. 

El proyecto, que fue enviado a la Cámara de Diputados, incluye en la Ley disposiciones encaminadas a refrendar la exigibilidad de ajustes que, les permitan establecer comunicación adecuada con terceros. 

La Asamblea también aprobó incluir una adenda, para que el artículo Transitorio Segundo establezca que “las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente decreto, se realizarán con cargo al Presupuesto aprobado, para los ejecutores de gasto que corresponda, por lo que, los que no se autorizan recursos adicionales para tales efectos para el presente Ejercicio Fiscal y ni subsecuentes”. 

En tribuna, la presidenta de Desarrollo y Bienestar Social, Marcela Mora Arellano, dijo que las reformas están encaminadas a garantizar una mayor inclusión de las personas con discapacidad, porque “es lo mínimo que podemos hacer en respeto por sus derechos”. 

Expresó que es fundamental instituir un espacio de diálogo constante entre las organizaciones de las personas con discapacidad y el Poder Legislativo, pues como servidores públicos “nos corresponde encabezar esta toma de conciencia”. 

Por Morena, el senador Ovidio Peralta Suárez subrayó que se tiene que garantizar acceso educativo y de salud eficaz hacia la comunidad sorda, pues es una deuda histórica con un sector que ha sufrido discriminación.  

De Acción Nacional, el senador José Alfredo Botello Montes, dijo que es necesario que se revise el dictamen, “porque reglas sin presupuesto, son reglas muertas”; debe de haber recursos para hacer realidad lo que se está discutiendo. 

La senadora Claudia Anaya Mota, del PRI, lamentó la inclusión del transitorio que se incluyó, ya que, dijo, no contempla recursos para los años subsecuentes, por lo que solicitó abrir la posibilidad de establecer partidas presupuestales progresivas, para que paulatinamente se logre la incorporación del lenguaje de señas a la educación. 

Por su parte, la senadora Patricia Mercado Castro, de Movimiento Ciudadano, dijo que no destinar presupuesto creciente equivale a abandonar a su suerte a 700 mil personas que tienen discapacidad auditiva y son excluidos en su propia comunidad, por lo que llamó a tomar en serio la planeación de políticas adecuadas para este sector de la población. 

En tanto, la senadora del PT, Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre manifestó que desde la Cuarta Transformación se hace un llamado a la inclusión, la igualdad y hacía la erradicación de la discriminación, donde las reformas legislativas impulsan un entorno social que beneficia a todas y todos los mexicanos. 

El senador Emilio Álvarez Icaza Longoria reconoció que se avanza en la política pública que permite que las personas sordas puedan ejercer de mejor manera sus derechos, pero recordó que el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, entidad pública responsable de las personas con discapacidad, se encuentra sin titular desde hace tres años. 

En lo general, el proyecto se aprobó con 91 votos a favor. En lo particular, el senador Emilio Álvarez Icaza Longoria y la senadora Patricia Mercado presentaron propuestas para modificar los artículos 2, 7, 12, 14 y Segundo Transitorio, pero no fueron aceptadas por la Asamblea, por lo que, con 58 votos a favor y 26 en contra, dichos artículos fueron aprobados en los términos del dictamen.