Existen conductas que violentan a las mujeres durante los procesos electorales de las cuales las autoridades locales no tienen conocimiento, lo que limita su actuación, aseguró la Titular de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación del Instituto Nacional Electoral (INE), Laura Liselotte Correa de la Torre. 

“Esos casos que no terminan en denuncia son los que más deben preocuparnos, ya que demuestran que hay conductas que se están presentando durante los procesos electorales, de las cuales la autoridad electoral en muchos casos no tiene conocimiento y eso limita el ejercicio de la propia institución para mejorar sus procesos”, dijo. 

En este sentido destacó la importancia de establecer los mecanismos necesarios para que las mujeres denuncien formalmente las agresiones de las que son objeto ante la brecha que existe de casos reportados por organizaciones y las denuncias que finalmente se presentan ante la autoridad. 

Durante el Tercer Foro Regional sobre resultados, buenas prácticas y prospectiva de las acciones de prevención y atención a la violencia política contra las mujeres en razón de género durante el Proceso Electoral 2020-2021, Correa de la Torre expuso que, a pesar del aumento registrado en las quejas durante los comicios de este año, la cifra sigue estando muy por debajo de otros reportes. 

Tal es el caso de la Red Nacional de Candidatas que identificó 448 casos de violencia política en razón de género contra los 147 que se reportaron ante el INE, lo que demuestra una diferencia muy grande contra los que formalmente se denunciaron.

Ante ello destacó la necesidad de contar con reportes de violencia política contra las mujeres y que en su momento se emitan las medidas de protección necesarias para garantizar la integridad de quienes aspiran a participar en los espacios de la política.  

La violencia política contra las mujeres existe desde que se negó el reconocimiento del sufragio femenino

La Directora General de Política Criminal y Vinculación en Materia de Delitos Electorales de la FISEL-FGR, María de los Ángeles Lozano Mac Donald recordó las barreras legales a las que las mujeres se han enfrentado desde el Constituyente de 1917 que negó el reconocimiento al sufragio femenino. 

Es así, abundó, como desde ese momento ya se manifestaba la violencia política contra las mujeres en razón de género al impedir su voto hasta 1953, tras una ardua lucha que tuvo que mantenerse por más de 60 años para poder lograr, finalmente en el 2021, la paridad, al menos en número, en el Congreso de la Unión. 

“Todos tenemos la responsabilidad de que las mujeres puedan votar, ser votadas y ejercer cargos públicos en condiciones de libertad y equidad y hoy contamos con las armas para hacerle frente a este tipo de violencia con su reconocimiento como un delito incorporado a la ley”, sentenció. 

Lozano Mac Donald refirió que es a partir de la reforma de 2020 que se reconoce la violencia contra las mujeres como un delito que establece la responsabilidad y el compromiso de las instituciones para que cualquier forma de violencia política cometida por el hecho de ser mujer no quede impune. 

Señaló que el propósito de este foro es generar intercambio de experiencias que abone a la pronta atención y a la expedita investigación y persecución de esta conducta que tanto lesiona el desarrollo democrático del país.

“Autoridades federales y locales del país debemos ser aliadas y trabajar en forma coordinada para que las mujeres tengan un camino libre de obstáculos para participar en la vida política, un camino el libre de violencia por el simple hecho de ser mujer”, expuso.

Para la mayoría de las mujeres votar y ser votadas es un derecho violentado

A nombre de las fiscalías de todo el país, Isabel del Carmen Ortiz Ramírez, Vicefiscal General en Materia de Delitos Electorales del Estado de Campeche, aseguró que compartir buenas prácticas que garanticen una eficaz y eficiente actuación institucional forma parte de la protección de los derechos humanos de las mujeres. 

“Para la gran mayoría de las mujeres votar y ser votadas y electas para ocupar cargos de representación popular ha sido un derecho violentado principalmente por la violencia política que se ejerce en su contra en razón de su género”, afirmó.

Ante este panorama reconoció que la reforma constitucional de 2019 que busca la paridad en todo, tiene gran relevancia y establece el derecho como un mandato constitucional que obliga tanto a ciudadanía como autoridades velar porque esto se aplique.

Por lo que con el objeto de disponer de una serie de acciones para atajar viejos obstáculos que buscan simular, evadir o violentar el derecho constitucional a ejercer la paridad en un contexto libre de violencia es que el intercambio de experiencias resulta fundamental. 

Para esta tercera edición se contó con la participación de autoridades y fiscalías electorales de los estados de Campeche, Chiapas, Guerrero, Quintana Roo, Tabasco, Yucatán, Baja California Sur y San Luis Potosí. 

Las y los funcionarios participaron en tres mesas de discusión para reflexionar sobre experiencias, retos institucionales y buenas prácticas en la persecución, investigación y prevención de este delito y faltas en violencia política contra las mujeres en razón de género.