La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) incurre constantemente en la falta de respuesta a las solicitudes de información que se le hacen, de acuerdo con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

“Desde este Instituto hemos observado un patrón en el que incurre constantemente la Cofepris: la falta de respuesta a solicitudes de información, lo que representa una violación al derecho de acceso a la información que en el INAI estamos mandatados a proteger”, afirmó la comisionada Norma Julieta Del Río Venegas.

La comisionada presentó esta semana un asunto al pleno del INAI en el que una persona solicitó a la Cofepris conocer si, del 2010 a la fecha, había expedido registros sanitarios respecto del principio activo ACALABRUTINIB, medicamento que se utiliza para el tratamiento de adultos con leucemia linfocítica crónica y se ha probado como tratamiento contra la COVID-19.

La Cofepris no dio respuesta a la solicitud y la persona requirente acudió al INAI.

En el análisis realizado por la ponencia a cargo de la comisionada Del Río Venegas, se concluyó que Cofepris no dio trámite a la solicitud de acceso, por lo que el agravio de la persona es fundado. Por ello el pleno votó a favor de revocar la respuesta de la Cofepris, a efecto de que realice una búsqueda exhaustiva en sus áreas administrativas competentes y entregue la información requerida.

La Comisionada Del Río Venegas explicó que, en aras de resolver todas las dudas de los sujetos obligados y hacer cada vez más sencillo el camino de la transparencia y la rendición de cuentas, el INAI mantiene un acercamiento constante con ellos. “En el caso de la Cofepris, este Instituto se ha mantenido en disposición muy colaborativa, por lo que el 17 de noviembre se agendó una reunión con su titular, que lamentablemente no se atendió; sin embargo, confiamos que el llamado al diálogo traerá próximamente un acercamiento en beneficio de todos”.

Del Río Venegas detalló también que la autoridad sanitaria, dependiente de la Secretaría de Salud, busca aprobar en el 2022 la evaluación y mantener la certificación como agencia reguladora nivel 4, el más alto reconocido para entes regulatorios en la región de Las Américas. “Para lograrlo, debe, entre todas sus responsabilidades, cuidar el cumplimiento de la normativa en materia de transparencia, por lo que conviene recordar que su obligación con la transparencia es un asunto que, incluso, trastoca otros rubros de su certificación”, apuntó.

Fuente: La Jornada