La diputada Kathia Bolio Pinelo (PAN) propuso reformas a diversos artículos de las leyes generales de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y a la de Víctimas, con el objetivo de brindar mayor protección a las mujeres víctimas de violencia. 

Expuso que las víctimas de delitos o de violaciones de derechos que atenten contra la vida, la libertad o la integridad, así como de desplazamiento interno, recibirán, máxima protección, ayuda médica y psicológica especializada de emergencia en los términos de la ley. 

Señala que las órdenes de protección tendrán la duración que sea necesaria hasta que cese la situación de riesgo para la víctima y deberán expedirse de manera inmediata en el momento que se tenga conocimiento de los hechos que las generan. Después de la implantación de las órdenes de protección la autoridad que la emitió mantendrá contacto directo y constante con la mujer víctima de violencia cada 12 horas.

Agrega que las órdenes de protección administrativas o de naturaleza jurisdiccional, podrán consistir en la utilización de dispositivos electrónicos o herramientas tecnológicas que permitan brindar seguridad a las mujeres, o niñas, en situación de violencia, así como a las víctimas indirectas y testigos. 

Entre estas herramientas, pueden proporcionar un teléfono móvil con contacto directo para brindar auxilio policial, un dispositivo en forma de reloj o dije, llamado “Pulso de Vida”, que contará con un botón de pánico, un geolocalizador y un micrófono para estar en comunicación con la policía.

El documento, remitido a las Comisiones Unidas de Igualdad de Género y de Justicia, refiere que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública señala que la violencia familiar alcanzó en 2020 un récord de más de 200 mil carpetas de investigación en todo el país y en ese mismo año se cometieron casi mil feminicidios. 

Sostiene que “no se puede seguir invisibilizando lo evidente, la violencia que a diario enfrentan las mujeres existe y debe combatirse”.

Resalta que la violencia no debe formar parte de la vida de ninguna mujer ni de nadie, pero sí deben contar con seguridad y protección que el Estado mexicano tiene obligación de otorgar y el Poder Legislativo de reforzar y fortalecer los ordenamientos jurídicos en la materia por el bien de todas las mexicanas y mexicanos.