Rosario Robles Berlanga exigió a la Fiscalía de la Ciudad de México reiniciar la investigación por la falsificación de su licencia de conducir que la llevó a prisión, a fin de dar con el o los responsables.

«No permitiré que se le dé carpetazo a mi denuncia”, aseguró la exfuncionaria a través de un mensaje en su cuenta de Twitter.

En su publicación comparte unos oficios de sus abogados dirigidos a José de Jesús Díaz Gutiérrez, agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Investigación D-3 de la Fiscalía para la Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Fiscalía de la Ciudad de México.

En ellos, se indica que la carpeta de investigación iniciada en diciembre de 2019 por la falsificación de dicho documento no constituye un delito del fuero federal para que la Fiscalía General de la República deba conocer del hecho y por lo cual ésta emitió de inadmisible el acuerdo de incompetencia, con lo que es la Fiscalía de la Ciudad de México la que debe seguir con este asunto.

«“Se evidenció la falta de técnica jurídica, lógica jurídica, profesionalismo, eficiencia y eficacia por parte del personal ministerial actuante, así como de los superiores jerárquicos, encargados de la supervisión al actuar de su personal en esa Fiscalía para la Investigación de Delitos cometidos por Servidores Públicos”, acusó la exsecretaria de Sedesol.

Ante ello, Robles Berlanga solicitó al agente del Ministerio Público ordenar la práctica de los actos de investigación “de forma profesional, técnica y legal”.

Además, pidió remitir la carpeta de investigación a la Unidad de Asuntos Internos de esta fiscalía para que realicen una investigación “sobe el ilegal actuar” de dos funcionarios que determinaron remitir ésta a la Coordinación de Agnes del Ministerio Púbico con propuesta de “Archivo temporal”.

«“Determinación totalmente contraria al contenido de todas y cada una de las constancias que obran dentro de la carpeta de investigación en que se promueve, que se traduce en una violación de las garantías de debida fundamentación y motivación, al no haberse cumplido con los principios de congruencias y exhaustividad. Promoviendo la impunidad al negarse al esclarecimiento de los hechos”.

La exfuncionaria también pidió que se abstenga de continuar con actos que llevan a la “obstaculización de la procuración de justicia” a la que tiene derecho.

Agregó que no llevar a cabo los actos de investigación solicitados se estarían violando sus derechos fundamentales, en especial el relativo a su derecho a obtener justicia, al de conocimiento de la verdad y sobre todo “quedaría impune la conducta desplegada por el activo, a pesar de estar prácticamente comprobada”.

Por EXCÉLSIOR