El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a través de la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas (DPEPCI);el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), y el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO), realizaron el foro “Desafíos para una Democracia Incluyente: Proceso Electoral 2021-2022”, en donde se puntualizó la necesidad de avanzar en la consolidación de un estado democrático multicultural que conlleve a que toda la población ejerza sus derechos en condiciones de igualdad y justicia social y electoral.

En el marco de la celebración del sexto aniversario de la DPEPCI, el magistrado presidente de la Sala Superior del TEPJF, Reyes Rodríguez Mondragón, señaló durante el acto inaugural del foro que, si bien la Defensoría ha llevado a cabo una importante labor en materia de reconocimiento a pueblos y comunidades indígenas, aún existen desafíos para lograr una democracia más incluyente.

En este sentido, destacó que las autoridades electorales han asumido el compromiso de promover medidas para que los grupos en vulnerabilidad puedan ejercer en mejores condiciones sus derechos políticos y electorales, de ahí que subrayó que el TEPJF ha guiado su labor jurisdiccional bajo los principios de favorecer la autonomía de estos pueblos y comunidades; promover su inclusión, y utilizar criterios diferenciados para mejorar su acceso a la justicia.

Durante el evento, en el que también participó Marina López Santiago, titular de la DPEPCI, la magistrada de la Sala Superior, Janine Otálora Malassis, expuso que el TEPJF trabaja para que la Defensoría amplíe sus servicios a otros grupos de la sociedad que tienen dificultades para el acceso a la justicia, al englobar así a personas con discapacidad; de la diversidad sexual; migrantes; afromexicanas; mujeres en casos de violencia política de género, en casos de paridad, e incluso personas en situación de calle.

De cara al próximo proceso electoral en Oaxaca, añadió, las defensoras y los defensores electorales estarán preparados para apoyar en todos los litigios que se tengan que llevar a cabo para defender los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, desde los casos de imposibilidad de votar hasta, en su caso, la nulidad de la elección.

Por su parte, la magistrada presidenta interina de la Sala Regional Xalapa, Eva Barrientos Zepeda, destacó que gracias al trabajo de la Defensoría se ha logrado acercar la justicia electoral a las y los integrantes de las comunidades indígenas apartadas, las cuales, por falta de recursos, no tienen oportunidad de desplazarse hasta una oficina jurisdiccional.

En el acto inaugural estuvo presente la senadora Xóchitl Gálvez, presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas del Senado de la República, quien lamentó que todos los partidos políticos lleguen a utilizar la adscripción indígena para postular candidaturas que no caen en el supuesto. Celebró, por ello, que el Tribunal Electoral ordenara al Instituto Nacional Electoral la elaboración de lineamientos para reglamentar estos nombramientos.  

Elizabeth Bautista Velasco, magistrada presidenta del TEEO, afirmó que la labor de la defensoría ha sido fundamental para resolver desacuerdos que demandan el respeto a la igualdad y no discriminación, lo que ha sido primordial para el ejercicio de los derechos humanos, toda vez que se han logrado acciones que otorgan igualdad.

En tanto, la consejera presidenta del IEEPCO, Elizabeth Sánchez González, manifestó que la maximización de los derechos políticos de las personas pertenecientes a grupos vulnerables es un tema indispensable, además de que lograrlo eleva la calidad de la democracia.

Tras el acto de inauguración del foro, el magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón dictó la conferencia magistral: “Desafíos para una democracia incluyente”, en la que destacó que México ha recorrido un largo camino para lograr el reconocimiento de la composición pluricultural de su sociedad. En ese camino, añadió, los pueblos y comunidades indígenas han librado varias batallas para que sus usos y costumbres fueran reconocidos como una práctica válida de ordenamiento social, tarea en la que el TEPJF cumple un papel fundamental en traducir los derechos en prácticas efectivamente políticas y electorales.